Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Agosto 2012.
Resumen
El escenario convergente que ofrecen las TIC produce un juego de tensiones en donde se evidencia una nueva dinámica de funcionamiento del sector infocomunicacional, en el cual interactúan nuevas lógicas de competencia empresaria, la consolidación de prácticas de consumo asociadas al entorno digital y la necesidad de una adecuación normativa sobre aquellos ámbitos anteriormente disociados por las cualidades propias de los soportes analógicos.
En este contexto, el diseño de políticas públicas opera como espacio de clivaje y de resolución de disputas entre aquellos sectores dominantes del mercado, pero también como condición para crear un andamiaje jurídico tendiente a democratizar las comunicaciones.
En este sentido, el presente escrito se propone analizar el nuevo escenario normativo en el que se desarrollan los grupos infocomunicacionales de América Latina, que se ve fuertemente afectado por las dinámicas, tanto público como privadas, que se están dando en Argentina y México.
La implementación de la Ley Nº 26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (LSCA) y de diversas medidas de inclusión digital propiciadas por el Estado nacional, invitan a poner en perspectiva cuáles son las debilidades, fortalezas y desafíos de dichas políticas, en un contexto donde los poderes fácticos están siendo interpelados.
A esta lógica de cambio basada en la dinámica política se contrapone una tendencia igualmente irrefrenable cuyo epítome es el caso de México, donde la voluntad de mayor participación en el mercado integral de las comunicaciones está dada por el principal actor económico nacional de México, titular de comunicaciones, que busca incorporar al sector audiovisual estas dos dinámicas de cambio: una originada en la política gubernamental y la otra, en la lógica empresarial de concentración y convergencia.
Latinoamérica ha transitado un mismo recorrido de liberalización de los mercados durante los años noventa, con una marcada tendencia hacia la baja de barreras de entrada cristalizada con la Ronda de Uruguay (1986-1994). Sin embargo, también se promovieron medidas de protección de la cultura contempladas en diversos acuerdos, pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Esta situación presenta un doble estándar jurídico en el que coexisten instancias promotoras de mecanismos de autorregulación empresaria, con otras de signo contrario.
Frente al elevado grado de concentración del sector comunicacional y sus canales de distribución, uno de los principales desafíos y dilemas jurídicos será cómo incluir el mundo de la cultura en el ámbito de las telecomunicaciones, evitando las sanciones o presiones de organismos globales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), que parecen subsumir la cultura a cuestiones de primacía económica.
Esta encrucijada entre aquellos principios humanitarios sobre los cuales se formuló la LSCA y su dilema en la observancia de los lineamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), presenta uno de los problemas centrales a profundizar. La presente investigación busca pensar si las telecomunicaciones deben ser consideradas como “servicios de interés público” y; en este sentido, su correspondencia a un cuerpo normativo único que asuma el desafío de impedir tanto la cartelización empresaria como la conformación de monopolios del saber.
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DERECHO Y COMUNICACIÓN 2.0 