Ley de Repositorios Digitales: el Acceso Abierto en la Argentina del siglo XXI

Por María Clara Güida / Mayo 2014.

 

La Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto fue aprobada por el Honorable Senado de la Nación el 23 de noviembre de 2013 y promulgada el 3 de diciembre de dicho año, dando lugar a un importante avance en materia de acceso a la información y democratización del conocimiento, bajo los lineamientos generales del modelo de Acceso Abierto -Open Access (OA)-.

Dicha normativa tiene un extenso recorrido en su haber, ya que se trata de una cuestión cuya concreción gran parte de la comunidad científica reclamaba desde varios años atrás. La iniciativa encuentra su origen en un documento elaborado en 2010 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica -a cargo del Dr. en Física Alejandro Ceccatto- con la finalidad de que “la producción científica financiada con fondos públicos sea accesible por aquel que lo requiera” y poder contrarrestar, al mismo tiempo, los efectos de la llamada “exclusión cognitiva” -originada a partir de la mercantilización y difusión del conocimiento científico-.

 

Dicho objetivo desprende del fundamento básico del modelo de AA, el cual apunta a que toda persona pueda acceder libre y gratuitamente a información de carácter científico, académico y cultural, a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal, con el objeto de incrementar y mejorar la difusión del conocimiento.

 

Cabe destacar que el modelo de AA de la producción científico-tecnológica se encuentra principalmente contemplado en el marco general de tres declaraciones de carácter internacional, a saber: la Declaración de Budapest (Budapest Open Access Initiative – BOAI) del 14 de febrero de 2002, considera que Internet la nueva tecnología que “hace posible la distribución electrónica en la red de redes de literatura periódica revisada por pares completamente gratuita y sin restricciones de acceso por todos los científicos, académicos, maestros, estudiantes y otras mentes curiosas”; la Declaración de Bethesda (Bethesda Statement Open Access Publishing) del 20 de junio de 2003, establece que “Las publicaciones electrónicas de resultados de investigación ofrecen la oportunidad y la obligación de compartir resultados de investigación, ideas y descubrimientos libremente con la comunidad científica y el público”; y la Declaración de Berlín (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) del 22 de octubre de 2003, explicita las importantes ventajas que brinda Internet como herramienta de difusión del conocimiento. A las llamadas 3B – D (Budapest, Bethesda and Berlin Declarations), vale agregar la Declaración de Salvador sobre “Acceso Abierto”: la perspectiva del mundo en desarrollo (Salvador, Bahía, Brasil) del 23 de septiembre de 2005 y la Declaración sobre Acceso a los Datos de Investigación con Fondos Públicos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE) de enero de 2004.

 

Considerando estos antecedentes, la propuesta fue elevada en 2011 a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación e impulsada por los Diputados del Frente para la Giannettasio, Kunkel, García, Díaz Bancalari y Pais, quienes presentaron oficialmente el proyecto el 18 de abril de ese año. El expediente 1927-D-2011 fue girado a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento y, obtuvo dictamen (Orden del día Nº 326) para ser tratado por el pleno de la Cámara, que lo consideró y aprobó con modificaciones (en la votación en particular del proyecto se aceptaron las modificaciones propuestas por la diputada Alcira Argumedo a los artículos 1º y 6º, mientras que los artículos 2º a 5º, 7º y 8º se aprobaron sin observaciones) el 23 de mayo de 2012 (la votación en general obtuvo 160 de 161 votos a favor).

 

La media sanción (DAE 107) pasó, entonces, a la Cámara Alta, donde fue girada a las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Una vez allí, fue tratada por separado, con despacho positivo de ambas Comisiones. Las mismas sólo se reunieron de forma conjunta el 11 de septiembre de 2013, con el objeto de someter el documento a la opinión de especialistas en la materia y darle curso a la firma del dictamen. Finalmente, bajo el Orden del Día 556/13, el documento fue sometido a votación en el recinto el 23 de noviembre de 2013, donde fue convertido en ley.

 

La normativa tiene como objetivo la creación y el desarrollo de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se deberá depositar la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos que sean financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Dicha producción debe abarcar el conjunto de documentos que se obtengan como resultado de actividades de investigación.

 

De acuerdo con la ley, el desarrollo de los mentados repositorios queda a cargo de los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y que reciben financiamiento del Estado nacional. Éstos tienen la responsabilidad de establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación a través de los repositorios arriba mencionados o de portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también deben implementar políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo.

 

Un aspecto a destacar es el deber de interoperabilidad: el documento establece en su artículo 4º que los repositorios deben ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente y deben garantizar el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información adecuadas a dichos efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica.

 

En cuanto al manejo de los plazos, la norma obliga a los sujetos obligados a colocar en los repositorios o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción en un período no mayor a 6 meses. Asimismo, establece que los datos primarios de investigación deben ser depositados en repositorios o archivos digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a 5 años.

 

Quienes defienden el proyecto sostienen que bajo este nuevo régimen de acceso, los autores mantienen los derechos de control sobre la integridad de su trabajo y a ser adecuadamente reconocidos y citados. Sin embargo, no todas las voces se levantaron a favor de la iniciativa en lo que a los plazos respecta: hay quienes sostienen que la normativa acorta los plazos previstos en la Ley Nº 11.723/33 de Propiedad Intelectual y viola los regímenes de exclusividad.

 

Ahora bien, al resguardo de la normativa existente en materia de propiedad intelectual, la ley establece que dado el caso que las producciones y datos primarios estén protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros, los autores deben proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos de dicho material de forma completa a partir del vencimiento del plazo de protección de dichos derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos.

 

La norma establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, organismo al que le asigna las funciones de: a) promoción, consolidación, articulación y difusión de los repositorios; b) fijación de los estándares de interoperabilidad en el marco del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología; c) promoción y asistencia técnica integral a las instituciones del SNCTI para la generación y gestión de sus repositorios; y d) implementación de las medidas necesarias para la aplicación de la ley. Finalmente, el artículo 8º incorpora sanciones y estipula que el incumplimiento de la normativa tornará a los sujetos enumerados en los artículos 1º, 2º y 5º no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones.

 

La revolución de la transparencia informativa cambia profundamente nuestra cultura, puesto que en la Era del saber repartido y de acceso universal a la información, la principal fuente de un país radica en la capacidad intelectual y operativa de su gente y en la formación recibida, que le permite afrontar los nuevos cambios. La información en manos del Estado, que le pertenece al pueblo soberano, es pública y debe poder accederse directamente a la información agregada y a los datos desagregados que la componen.

 

Siguiendo este presupuesto es que consideramos que aquellas políticas de Estado que permitan brindar acceso abierto a los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos constituyen un paso fundamental hacia la democratización del conocimiento. Utilizar las TIC para poner a disposición del pueblo la información que por principio le pertenece y así incrementar y mejorar la difusión del saber, es avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad más transparente en todos los sentidos. La apuesta por lo digital es una apuesta por la educación, el conocimiento y la capacitación de las personas, quienes usan la tecnología como su complemento.

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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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