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La omnipotencia del Estado. Análisis de los Proyectos de Ley PEN 298, 299 y 300

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Septiembre 2014.

 

El presente análisis versa sobre el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo remitió recientemente al Honorable Senado de la Nación:  “Sistema de Resolución de Conflictos en relaciones de Consumo” (Expte. 298-PE- 2014), “Creación del observatorio de precios y disponibilidad de insumos bienes y servicios” (Expte. 299 –PE- 2014); y “Nuevas regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo” (Expte. 300 – PE- 2014).

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Radiodifusión y telecomunicaciones en América Latina: desafíos normativos frente a escenarios convergentes

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Agosto 2012.

 

Resumen

El escenario convergente que ofrecen las TIC produce un juego de tensiones en donde se evidencia una nueva dinámica de funcionamiento del sector infocomunicacional, en el cual interactúan nuevas lógicas de competencia empresaria, la consolidación de prácticas de consumo asociadas al entorno digital y la necesidad de una adecuación normativa sobre aquellos ámbitos anteriormente disociados por las cualidades propias de los soportes analógicos.

En este contexto, el diseño de políticas públicas opera como espacio de clivaje y de resolución de disputas entre aquellos sectores dominantes del mercado, pero también como condición para crear un andamiaje jurídico tendiente a democratizar las comunicaciones.

En este sentido, el presente escrito se propone analizar el nuevo escenario normativo en el que se desarrollan los grupos infocomunicacionales de América Latina, que se ve fuertemente afectado por las dinámicas, tanto público como privadas, que se están dando en Argentina y México.

La implementación de la Ley Nº 26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (LSCA) y de diversas medidas de inclusión digital propiciadas por el Estado nacional, invitan a poner en perspectiva cuáles son las debilidades, fortalezas y desafíos de dichas políticas, en un contexto donde los poderes fácticos están siendo interpelados.

A esta lógica de cambio basada en la dinámica política se contrapone una tendencia igualmente irrefrenable cuyo epítome es el caso de México, donde la voluntad de mayor participación en el mercado integral de las comunicaciones está dada por el principal actor económico nacional de México, titular de comunicaciones, que busca incorporar al sector audiovisual estas dos dinámicas de cambio: una originada en la política gubernamental y la otra, en la lógica empresarial de concentración y convergencia.

Latinoamérica ha transitado un mismo recorrido de liberalización de los mercados durante los años noventa, con una marcada tendencia hacia la baja de barreras de entrada cristalizada con la Ronda de Uruguay (1986-1994). Sin embargo, también se promovieron medidas de protección de la cultura contempladas en diversos acuerdos, pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Esta situación presenta un doble estándar jurídico en el que coexisten instancias promotoras de mecanismos de autorregulación empresaria, con otras de signo contrario.

Frente al elevado grado de concentración del sector comunicacional y sus canales de distribución, uno de los principales desafíos y dilemas jurídicos será cómo incluir el mundo de la cultura en el ámbito de las telecomunicaciones, evitando las sanciones o presiones de organismos globales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), que parecen subsumir la cultura a cuestiones de primacía económica.

Esta encrucijada entre aquellos principios humanitarios sobre los cuales se formuló la LSCA y su dilema en la observancia de los lineamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), presenta uno de los problemas centrales a profundizar. La presente investigación busca pensar si las telecomunicaciones deben ser consideradas como “servicios de interés público” y; en este sentido, su correspondencia a un cuerpo normativo único que asuma el desafío de impedir tanto la cartelización empresaria como la conformación de monopolios del saber.

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Legislación, tecnologías y consumos. Desafíos y tensiones

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Septiembre 2011.

 

Resumen

El escenario convergente que ofrecen las TIC produce un juego de tensiones que evidencia una nueva dinámica de funcionamiento del sector infocomunicacional (lógicas de competencia, prácticas de consumo y estructura normativa). En este contexto, el diseño de políticas públicas opera como espacio de clivaje y de resolución de disputas entre aquellos sectores dominantes del mercado, pero también como condición para crear un andamiaje jurídico tendiente a democratizar las comunicaciones. La implementación de la LSCA (Nº 26.522/09) y de diversas medidas de inclusión digital propiciadas por el Estado nacional invitan a poner en perspectiva cuáles son las debilidades, fortalezas y desafíos de dichas políticas.

La historia circular de Argentina presenta no pocos antecedentes de conflicto en su resolución normativa y aplicación de políticas públicas. Debe destacarse que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, con la sanción de la Ley Nº 19.798 Nacional de Telecomunicaciones (1972), el Estado tuvo un rol ambivalente y regulación ha sufrido procesos de adecuación en sintonía con las presiones de los poderes fácticos que influyeron en el diseño de políticas públicas.

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La judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: breve estudio de casos

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Agosto 2012.

 

Resumen

Desde la sanción de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual el 10 de octubre de 2009 se han dado dos procesos concurrentes respecto de su implementación: por un lado, el gobierno nacional reglamentó gran parte de la norma, especialmente mediante el Decreto 1225/10 -cuyo objetivo fue consolidar la capacidad operativa de la norma- y; por otro lado, una serie de medidas judiciales de tipo cautelar -impulsadas tanto por personas físicas como jurídicas- suspendieron la aplicación, total o parcial, de la ley.

Frente a este contexto, el presente trabajo recorre las causas judiciales en pos de dar cuenta de la tensión generada por los grandes grupos concentrados de servicios de comunicación audiovisual en torno de una iniciativa que busca democratizar las comunicaciones, identificando, en dicho proceso, los principales focos de conflicto normativo que motivaron las presentaciones de dichos grupos ante la justicia. Asimismo, el recorrido por dichas causas busca establecer la tendencia que ha asumido la justicia argentina sobre uno de los sectores más trascendentes de la dinámica cultural que cruza el actual mercado audiovisual.

Esta presentación de carácter académico no busca tomar parte en la resolución de los mentados conflictos, sino dar cuenta del estado de la cuestión en pos de reflexionar prospectivamente sobre los desafíos que obligan a repensar (sin hacer futurología) cuál es el rumbo a seguir una vez agotados los fuegos de artificio y las batallas públicas, que tienen un tope máximo en 2013.

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¿Qué viene después del 7D?

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Diciembre 2012.

 

Pasada la fecha límite marcada por el Gobierno nacional como punto de inflexión en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual corresponde una lectura en prospectiva. En particular, porque la extensión de plazo de la medida cautelar sacudió la estrategia oficial para imponer su política comunicacional sobre el Grupo Clarín, el cual desconoce la autoridad de aplicación creada por la ley y solicita la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos: el 41º (intransferibilidad de licencias) y 161º (adecuación).

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