Archivo de la categoría: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La judicialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: breve estudio de casos

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Agosto 2012.

 

Resumen

Desde la sanción de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual el 10 de octubre de 2009 se han dado dos procesos concurrentes respecto de su implementación: por un lado, el gobierno nacional reglamentó gran parte de la norma, especialmente mediante el Decreto 1225/10 -cuyo objetivo fue consolidar la capacidad operativa de la norma- y; por otro lado, una serie de medidas judiciales de tipo cautelar -impulsadas tanto por personas físicas como jurídicas- suspendieron la aplicación, total o parcial, de la ley.

Frente a este contexto, el presente trabajo recorre las causas judiciales en pos de dar cuenta de la tensión generada por los grandes grupos concentrados de servicios de comunicación audiovisual en torno de una iniciativa que busca democratizar las comunicaciones, identificando, en dicho proceso, los principales focos de conflicto normativo que motivaron las presentaciones de dichos grupos ante la justicia. Asimismo, el recorrido por dichas causas busca establecer la tendencia que ha asumido la justicia argentina sobre uno de los sectores más trascendentes de la dinámica cultural que cruza el actual mercado audiovisual.

Esta presentación de carácter académico no busca tomar parte en la resolución de los mentados conflictos, sino dar cuenta del estado de la cuestión en pos de reflexionar prospectivamente sobre los desafíos que obligan a repensar (sin hacer futurología) cuál es el rumbo a seguir una vez agotados los fuegos de artificio y las batallas públicas, que tienen un tope máximo en 2013.

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¿Qué viene después del 7D?

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Diciembre 2012.

 

Pasada la fecha límite marcada por el Gobierno nacional como punto de inflexión en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual corresponde una lectura en prospectiva. En particular, porque la extensión de plazo de la medida cautelar sacudió la estrategia oficial para imponer su política comunicacional sobre el Grupo Clarín, el cual desconoce la autoridad de aplicación creada por la ley y solicita la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos: el 41º (intransferibilidad de licencias) y 161º (adecuación).

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