Una agenda digital en pañales

Por Ana I. Guerin y María Clara Güida / Octubre 2009.

 

Miércoles 11 de Noviembre de 2009.- Hasta principios de este año, el Estado argentino no hacía foco en una “agenda digital” sino en una diversidad de “políticas digitales” que, a nivel nacional, carecían de una acción unificada y coordinada. El proceso de formación de estas políticas digitales se fue dando a partir de ciertos problemas de interés general que el Estado consideró suficientemente relevantes e indispensables de resolver. Como consecuencia de ello, tanto la Nación como las provincias, ciudades y municipios avanzaron de forma desigual en el uso de las TIC, desplegando experiencias disímiles de acuerdo a la priorización de determinadas problemáticas en particular. Sin embargo, el 7 de mayo pasado el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto Nº 512/09 que aprueba el Documento Base de Estrategia de Agenda Digital Argentina.

La norma establece la visión, la misión, los objetivos generales y un plan operativo para lograrlos, consistente en las áreas de acción, las iniciativas y metas correspondientes a cada una de dichas áreas de lo que considera un “plan de mirada federal” o “estrategia nacional de inclusión digital y apropiación de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento”. Incluye además un glosario detallado de los términos considerados fundamentales en este nuevo campo de trabajo. Teniendo en cuenta la noción de agenda digital en tanto política pública para profundizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en tanto eje impulsor del progreso de un país o región determinada, entendemos que su implementación constituye una paso de gran importancia en la consecución del crecimiento y desarrollo -no sólo económico, sino también político y sociocultural- de la sociedad y en logro de una mayor igualdad e inclusión social. Tomando dicha definición y perspectiva en consideración, es menester, entonces, destacar ciertas peculiaridades de ese documento. En primer lugar, el escrito considera que esta agenda es un “plan o proceso”, tomando ambos conceptos como sinónimos, cuando ellos lejos están de serlo en materia de planificación. Es preciso que estos niveles operacionales de la planificación no sean confundidos, en pos de lograr una mayor claridad y efectividad en los cursos de acción a implementar con el propósito de alcanzar determinados objetivos, mediante un uso eficiente de los medios y recursos disponibles.

Sesgo empresarial

En segundo lugar, considera que se trata de “una construcción colaborativa, abierta y permanente”, motivo por el cual sienta las bases para la creación de un grupo de trabajo multisectorial. Sin embargo, a pesar de mostrarse “abierto y plural”, el plan recibió fuertes críticas desde el mismo momento de su presentación por diversas construcciones comunitarias -tales como las ONG relacionadas con el software libre, la cultura libre, Wikipedia y Wikimedia- y calificado como “sesgado y absolutamente empresarial”. Mientras que las cámaras del sector informático y de las telecomunicaciones y ONG a ellas estrechamente vinculadas contaron con una “voz privilegiada” e impusieron su impronta empresarial en el documento, muchas voces,  como los medios de comunicación comunitarios, las asociaciones y gremios docentes, los legisladores nacionales y varias administraciones provinciales y municipales, fueron relegadas del debate. En este sentido, se pone de relieve la existencia de niveles de participación disímiles y muy marcados, pues no todos los actores comparten en calidad de iguales el  formar parte, tener parte y tomar parte. Con ello, se evidencia una intención de desarrollar una estrategia operativa de planificación, caracterizada por la creación de un espacio de articulación multiactoral que, al momento, no tiene su correlato en la práctica sino que permanece como una mera declaración teórica de principios. En tercer lugar, desde la misión de la agenda digital se busca favorecer el uso y apropiación de las TIC, así como los cambios sociales que se requieran en pos de su aprovechamiento. En otras palabras, el foco está puesto principalmente en la cuestión educativa: en tanto se entiende que la sociedad del conocimiento no se apoya sólo en las máquinas y la tecnología sino en las capacidades humanas, las políticas implementadas en este sentido buscan centrarse en la “puesta en valor del capital humano (…) en brindar competencias a las personas para apropiarse de la tecnología, mejorarla y actuar con ella”. Empero, llama la atención que el eje articulador de dicha cuestión sea una cosmovisión profundamente marcada por la teoría del capital humano, cuyo supuesto base es considerar a la educación y la formación como una elección e inversión racional que los individuos realizan, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos.

Sin planes concretos

Por último, las características generales de la agenda y los planteos que están contenidos en ella generan que no sea considerada como la condensación de una planificación proyectiva con miras a la transformación de nuestro país en materia digital con miras a la inclusión en la sociedad del conocimiento. En realidad, es una mera declaración de principios, como un ideal futuro al cual la Argentina debería arribar. La agenda carece fundamentalmente de un nivel de concreción del programa de acción delineado en proyectos específicos con actividades interrelacionadas y coordinadas entre sí que se encuentren contenidas en programas coherentes e integrados. Se permitiría así operar el plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos para un período de tiempo determinado. La falta de periodización y de un análisis de viabilidad y factibilidad son otra de las grandes carencias de dicho documento. Esto redunda en la falta de datos estadísticos certeros acerca de la situación actual de nuestro país en materia de políticas digitales y en la consecuente ausencia de los niveles deseables a alcanzar. En síntesis, la Argentina recién inició este año el proceso de integrar sus políticas digitales, antes concebidas como políticas concretas en pos de dar solución a determinadas cuestiones consideradas fundamentales para la sociedad, pero dispersas en cuanto a sus posibles niveles de articulación. Un ejemplo de ello es la profunda desvinculación existente en las políticas desarrolladas en torno a la protección de los datos personales, los delitos informáticos y la firma digital, entre otros temas. En otras palabras, la agenda se encuentra aún “en pañales” y no nos es posible, entonces, realizar un estudio de las iniciativas efectivamente implementadas y del accionar del grupo de trabajo multisectorial. Por otra parte, más allá de las declaraciones teóricas de voluntarismo participativo y de observación-monitoreo de la ejecución del plan y su ajuste ex-post, el texto no va más allá de la mera postulación de un ideal, pues del documento no se desprende acción concreta alguna que dé cuenta del modo de llevar las acciones a la práctica; ni tampoco se han especificado estas cuestiones, así como otras tantas relacionadas con las metas a alcanzar y la forma de hacerlo  por parte del grupo de trabajo a cargo de llevar a cabo la agenda digital o de aquellos que se erigen como voceros de la misma.

Sin embargo, más allá de esto, son destacables muchas de las metas planteadas dentro de las distintas áreas de acción, porque demuestran una preocupación e interés fehacientes en cuestiones tales como la interacción entre las instancias de gobierno local y la ciudadanía; el cuidado ambiental; la capacitación del total de la población -incluyendo a los funcionarios públicos- y no sólo de aquellos que se encuentran en situación de desventaja en materia de alfabetización digital y que habitualmente son caracterizados como los “sectores más pobres de la sociedad”;  la preservación de los archivos históricos y del patrimonio documentado de la Nación; entre otras cuestiones. Dependerá de los métodos y actividades para su efectiva puesta en práctica la obtención de resultados que nos permitan hablar -o no- de la existencia de un viraje y un verdadero salto cualitativo en las políticas, ya no sólo digitales, sino de proyecto de país de una Nación que busca posicionarse en la sociedad del conocimiento con todo lo que ello implica.

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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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