El derecho a la educación en la Soiedad del Conocimiento: la estrategia digital argentina y la agenda digital uruguaya

Por Paula de la Fuente, Ana I. Guérin y María Clara Güida / Agosto 2011.

 

La presente trabajo forma parte de una investigación más extensa, que busca analizar el diseño e implementación de políticas digitales en la Argentina, en el contexto latinoamericano de desarrollo digital, en el marco general de la Sociedad del Conocimiento.

 

  1. INTRODUCCIÓN

La presente ponencia forma parte de un trabajo de investigación más extenso, que tiene por objetivo analizar el diseño e implementación de políticas digitales en la Argentina, en el contexto latinoamericano de desarrollo digital, en el marco general dela Sociedad del Conocimiento. Esta labor implica abordar las particularidades de dichas políticas, su puesta en práctica a partir de la estructuración de una agenda digital estratégica de carácter nacional, su ejecución y sus consecuencias e impacto -tanto en los distintos sectores de la administración pública como en los de la sociedad civil-, en el contexto de esta nueva “sociedad superconectada”.

Bajo el título “La Estrategia Digital en Latinoamérica: agenda(s) digital(es) para la construcción de un país digital en la Sociedad del Conocimiento. Estudio comparado.”, el proyecto tiene como objetivo explorar y analizar la elaboración y puesta en ejercicio de los planes de desarrollo digital implementados en cada uno de los países latinoamericanos, en pos de realizar un análisis comparativo del proyecto de país que, con miras a la Sociedad del Conocimiento, se encuentra contenido en los mismos, en sus metas, fines, modos de aplicación y resultados.

Para ello, como eje principal de análisis consideramos la noción de agenda digital, en tanto política pública para profundizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en tanto eje impulsor del progreso de un país o región determinada. En este sentido, entendemos que la implementación de una agenda digital constituye una herramienta de gran importancia en la consecución del crecimiento y desarrollo -no sólo económico, sino también político y sociocultural- de la sociedad y en logro de una mayor igualdad e inclusión social[1].

Ahora bien, el objetivo de la presente exposición es dar a conocer los avances y algunos de los resultados -parciales hasta el momento- de parte de nuestra investigación, la cual actualmente se encuentra dedicada al estudio de la Educación para la Sociedad del Conocimiento[2] y su cristalización en la Estrategia de Agenda Digital Argentina[3] implementada por el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) y en la Agenda Digital Uruguaya impulsada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC). En este nivel, el foco se encuentra puesto en aquellas políticas públicas que apuntan fundamentalmente a fortalecer la cuestión educativa, en tanto la agenda considera que las transformaciones globales que han impactado en la sociedad, el gobierno y el mundo laboral, tienen un peso fundamental en la educación.

Resumidamente, consideramos que abordar analíticamente el diseño y la implementación de políticas digitales educativas en el contexto de la Sociedad del Conocimiento requiere de una perspectiva crítica que permita visibilizar ciertos interrogantes tales como ¿qué rol adquiere el Estado como promotor de TICs?, ¿qué políticas digitales ha puesto en marcha el Estado Argentino?, ¿cuál es el grado de acceso real y de participación que tienen los diversos actores sociales?, ¿qué proyecto de país se busca construir mediante la puesta en práctica de este tipo de políticas?, ¿qué tipo de sujeto social se pretende formar en el curso de este proceso?, ¿qué tipo de alteridad se construye en la interacción de los sujetos involucrados en el proceso educativo?, entre otros.

 

  1. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

El derecho a la educación es una construcción de carácter histórico-social fundamentalmente polémica, pues a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el núcleo de un debate que ha enfrentado fuertemente a diversos actores sociales como ser la Iglesia, el Estado, la comunidad, los organismos internacionales, entre otros.

Nuestra Constitución Nacional contempla, en el Artículo 14°, el derecho de todos los habitantes de la Nación a enseñar y a aprender, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Esta concepción de la educación en tanto derecho humano fundamental[4] no surgió de este modo en sus orígenes, sino que, luego de haber nacido como una libertad conquistada y de haber sido considerado un derecho individual, fue evolucionando hasta convertirse en un derecho social que debe ser plenamente garantizado.

En 1789 la Revolución Francesa quebró el modelo educativo imperante hasta ese entonces -un monopolio eclesiástico de carácter supraestatal- y dio lugar a una nueva construcción teórica, en la cual el Estado asume la gestión directa de la educación. A partir de este momento nacen dos modelos diferentes: el liberal, que en el siglo XIX dará lugar al triunfo de la concepción de la educación considerada como un derecho individual y; el jacobino, que recién triunfará en el siglo XX bajo la premisa de la educación como derecho social, constituyéndose en el antecedente moderno del derecho a la educación[5].

Ahora bien, las políticas educativas de carácter digital que hemos de abordar a continuación forman parte de esta última evolución de la educación como derecho social y, a su vez, se enmarcan en el contexto global de un nuevo tipo de sociedad, donde la conexión constante establece nuevos parámetros para las relaciones humanas y la interactividad se convierte en un eje clave de las mismas. En esta “sociedad superconectada”, donde dicha interactividad está dada fundamentalmente por el ser ubicable y el estar disponible -en tanto modos de apropiación de los sistemas de comunicación interpersonales-, “el principal generador de valor económico es el saber,, el valor agregado intelectual a las cosas y a las acciones[6].

Como afirma Manuel Castells, se trata de un tipo de sociedad donde “las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información[7].

En este contexto, la educación, en tanto espacio de múltiples relaciones sociales en el cual se accede en forma compleja a un capital acumulado y que posee un papel esencial en la constitución de los sujetos sociales, adquiere una importancia primordial.

El nuevo escenario de la globalización económica, tecnológica y cultural ha generado una serie de transformaciones complejas que poseen un impacto directo sobre los procesos educativos, en tanto los mismos son sumamente permeables a los procesos culturales y sociales del entorno.

Como afirma Jesús Martín Barbero, las nuevas tecnologías de la información y comunicación des-ubican y des-centran el saber de su doble confinamiento: el espacio de la escuela y el tiempo del aprendizaje escolar. La tecnicidad se ha convertido en una nueva figura de razón, al establecer una mediación estructural en la producción de conocimiento y en su circulación.

El advenimiento de la Sociedad del Conocimiento y la consecuente mediación estructural de las tecnologías digitales en los procesos cognitivos nos exige con una urgencia cada vez mayor que incorporemos “la cultura del permanente intercambio con los demás, de informaciones, de conocimientos y de proyectos[8].

 

  1. LA ESTRATEGIA DIGITAL ARGENTINA

3.1. ¿Agenda Digital o Políticas Digitales?

Hasta el año 2009 Argentina no se manejaba a nivel general en base al concepto de “Agenda Digital” del mismo modo que lo hacen desde hace algún tiempo países como Chile[9], sino que, de acuerdo al modo en que el gobierno se manejaba en las temáticas relacionadas con los asuntos anteriormente mencionados, consideramos que podemos hablar de “cuestiones” y de “políticas estatales” tal y como trabajan estos conceptos Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell.

Por ende, basándonos en el proceso que describen dichos autores, mediante el cual una cuestión se transforma en una política estatal, al tomar el Estado una posición respecto de la misma, podemos decir que, hasta principios de este año, el Estado argentino no hacía foco en una “Agenda Digital” sino en una diversidad de “Políticas Digitales” que, según la Lic. Andrea Caldararo, Directora de Contenidos de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, “todavía no tienen una acción coordinada y unificada a nivel nacional[10]. Asimismo, como afirmó Ricardo González Oro, de la Federación Argentina de Municipios, en la V Cumbre de Alcaldes “hay una difuminación de conceptos que no está clara en la actualidad. Están los términos informáticos, públicos, administrativos t políticos por diferentes vías. Es necesario ordenarlos (es necesario invertir la lógica reinante y) discutir la administración y las políticas, no la tecnología, eso ya está entre nosotros. Lo importante es que los términos de e-government o ciudades digitales no deben ser proyectos aislados de una comuna sino políticas de Estado que apunten a planes concretos con objetivos a corto, mediano y largo plazo[11].

Como consecuencia de ello, tanto la Nación como las provincias, ciudades y municipios han avanzado de forma desigual en el uso de las TICs desplegando experiencias disímiles de acuerdo a la priorización de determinadas problemáticas en particular[12]. En este proceso, el principal organismo de la administración pública dedicado a planificar y promover la difusión de las TICs en nuestro país ha sido el Programa para la Sociedad de la Información (PSI)[13], con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En suma, el proceso de formación de estas políticas digitales se ha ido dando a partir de ciertos problemas de interés general que el Estado ha ido considerando como lo suficientemente relevantes e indispensables de resolver[14]. La mayoría de los problemas que forman parte de las políticas digitales de este país están “respaldados por organizaciones poderosas y argumentos culturalmente significativos[15].

 

3.2. Objetivos y características de la Agenda Digital

El 7 de mayo de 2009, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 512/09 que aprueba el Documento Base de Estrategia de Agenda Digital Argentina y establece la visión, la misión, los objetivos generales y un plan operativo para lograrlos, consistente en las áreas de acción, las iniciativas y metas correspondientes a cada una de dichas áreas.

Asimismo, en tanto considera que se trata de “una construcción colaborativa, abierta y permanente[16], sienta las bases para la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, dirigido por el Secretario de Gabinete y Gestión Pública y, conformado por los representantes de los distintos Ministerios, de las cámaras empresarias del sector, del ámbito científico académico y de la sociedad civil.

La agenda encuentra su punto de partida en una visión particular que sintetiza los principios esenciales de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) elaborados en 2003 en Ginebra. En este sentido, practica una suerte de “reformulación” -que no dista mucho de la letra original de la Declaración de Principios y de la visión plasmada en las agendas digitales de Chile y Uruguay- por la cual entiende que el individuo se encuentra en el centro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y debe apuntarse a su desarrollo a través del uso de las TICs.

En tanto se considera que estas últimas permiten “la mejora de la calidad de vida, la generación y transformación de los servicios que impulsen la competitividad, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la democratización de la información y del conocimiento y su producción, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural del país[17] desde la misión de la agenda digital se busca favorecer su uso y apropiación, así como los cambios sociales que se requieran en pos de su aprovechamiento.

El foco está puesto, principalmente, en la cuestión educativa: en tanto se entiende que la Sociedad del Conocimiento no se apoya únicamente en las máquinas y la tecnología sino en las capacidades humanas, las políticas implementadas en este sentido buscan centrarse en la “puesta en valor del capital humano (…) en brindar competencias a las personas para apropiarse de la tecnología, mejorarla y actuar con ella[18]. La agenda digital argentina en materia educativa apunta al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos para el uso y generación de conocimiento sobre y por medio de TICs, trabajando intensivamente en las áreas de educación, alfabetización y capacitación.

 

3.3. La cuestión educativa en la Agenda Digital

De acuerdo con los objetivos planteados, el plan nacional presentado busca eliminar la brecha tecnológica, impulsar el desarrollo de los sectores vinculados a lo digital y posicionar a la Argentina en un lugar destacado en la Sociedad del Conocimiento. La agenda nacional estipula la necesidad de encarar simultáneamente cinco ejes temáticos considerados estratégicos y transversales, a saber: infraestructura y conectividad, contenidos y aplicaciones, capital humano, financiamiento y sostenibilidad y marco legal.

El primer eje de acción, infraestructura y conectividad, apunta a desplegar y ampliar los niveles de conectividad por medio de iniciativas que permitan fortalecer las redes nacionales existentes, con miras a conectar entre sí diversas localidades en un marco de interoperabilidad y a través del uso de servicios Web de actores tanto públicos como privados.

Contenidos y aplicaciones, el segundo eje destacado, precisa la imperiosidad de “desarrollar, alentar y fortalecer la producción de contenidos y aplicaciones locales que respondan a las necesidades específicas de los diversos actores y sectores del país[19], fundamentalmente a partir de la implementación de portales de información que favorezcan la interacción de los distintos actores políticos y sociales.

El tercer eje, capital humano, apunta al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos para el uso y generación de conocimiento sobre y por medio de TICs, trabajando intensivamente en las áreas de educación, alfabetización y capacitación. La actualización de las currículas y la formación de recursos humanos especializados en TICs son dos de las metas más relevantes a las que apuntan las iniciativas contenidas en este eje.

En cuarto lugar, la implementación de políticas solidarias para financiar el gasto e inversión en TICs que promuevan la inclusión social -a los fines de paliar la brecha digital- constituye el objetivo fundamental del eje financiamiento y sostenibilidad. Para ello, se busca fomentar políticas públicas que conformen una base de conocimiento en materia de TICs y estimular su uso en las pequeñas y micro-empresas, a través de adecuados planes de financiamiento.

Finalmente, un marco legal dinámico, flexible y que contemple “el uso universal de las nuevas tecnologías[20] se postula como el elemento indispensable que atraviesa los ejes anteriores.

En suma, como mencionamos en un principio, directa e indirectamente, la mayoría de los ejes de acción apuntan fundamentalmente a fortalecer la cuestión educativa, en tanto la agenda considera que las transformaciones globales que han impactado en la sociedad, el gobierno y el mundo laboral, tienen un peso fundamental en la educación. “El volumen creciente de información disponible, el crecimiento exponencial del número de usuarios de Internet, la tendencia de los usuarios a apropiarse de la red y generar una voz pública como nunca antes en la historia de las sociedades son algunos de los rasgos que presenta el siglo XXI[21] -consideran quienes tuvieron a su cargo la presentación del plan presidencial.

En la elaboración de gran parte de la agenda colaboraron varios representantes del Ministerio de Educación, en pos de articular las acciones diseñadas con las políticas educativas actualmente en marcha. De acuerdo con Laura Serra, Gerente del portal Educ.ar, la educación con TICs adquiere un nuevo sentido y se ve beneficiada con la existencia de un plan nacional que haga hincapié en cuestiones centrales y concretas como la conectividad, la digitalización de documentos y contenidos, la legislación, entre otras. De este modo, según los voceros presidenciales, “la agenda funciona reivindicando la tecnología como Política de Estado, instalando el tema en el imaginario social, legitimando contenidos y prácticas escolares[22].

Ahora bien, esta particular selección -la elección de estos ejes de acción y sus contenidos específicos- da cuenta de una determinada toma de posición teórica en el campo en cuestión, de una cosmovisión profundamente marcada por la Teoría del Capital Humano, cuyo supuesto base es considerar a la educación y la formación como una elección e inversión racional que los individuos realizan, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos[23].

En este sentido, la agenda digital argentina, en materia educativa, apunta al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos para el uso y generación de conocimiento sobre y por medio de TICs, trabajando intensivamente en las áreas de educación, alfabetización y capacitación.

 

  1. LA AGENDA DIGITAL URUGUAYA

4.1. Camino hacia la integración digital: las políticas estatales de Uruguay para ingresar en la Sociedad del Conocimiento

Según la definición de Aguiar, el elemento más valioso en la Sociedad del Conocimiento “es la innovación, la generación de ideas, el añadido intelectual a lo que se venía haciendo. Se privilegia la capacidad de entender e incorporar el cambio, de inventar, de proponer, hacer o mostrar de una manera diferente, más rica, más completa o más útil. Pero nueva[24].

En este contexto, para desarrollar una nueva sociedad basada en la generación de conocimiento nuevo “se requiere ser capaces de generar políticas de Estado, en las que todos concordamos en priorizar algunas grandes líneas de acción, donde la alternancia en el poder no destruye lo que el otro hizo, sino que lo perfecciona[25].

El caso de Uruguay resulta un claro ejemplo de lo afirmado anteriormente: la generación de políticas públicas tendientes a la inclusión y a la integración que trascienden gobiernos y mandatos.

Los gobiernos del ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) y del actual mandatario José Mujica transitan en esa dirección, esto es, hacia el impulso de políticas estatales que tengan como objetivo el ingreso del país a la Sociedad del Conocimiento.

De acuerdo con el Reporte Global de Información Tecnológica del Foro Económico Mundial que da cuenta de los avances producidos por cada país- correspondiente al período 2010-2011, Uruguay ascendió del puesto 57º al puesto 45º en lo relativo a la disponibilidad y el aprovechamiento de NTICs, ascendiendo 12 puntos respecto de su posición anterior. Asimismo, este país ocupa el 2º puesto en lo que respecta a Sudamérica y el 1º puesto en el MERCOSUR. Argentina se ubica lejos de la posición uruguaya, detentando el puesto 96º.

Con respecto al exponencial crecimiento de Uruguay, el informe afirma que: “Uruguay continúa con su impresionante tendencia al alza, que comenzó el pasado año (cuando subió 8 posiciones con respecto a la edición de 2008-09) y con una mejora de 12 lugares adicionales este año, ubicándolo en la posición 45 (…) El país se beneficia de un gobierno con una visión de futuro coherente acerca de las TIC, como un elemento clave para el aumento competitividad[26]

La condición sine qua non para lograr un país desarrollado es la innovación. Esa premisa parece tenerla siempre presente Uruguay que, gracias a la implementación de sus políticas, ha logrado posicionarse como el líder del hemisferio sur de América en cuanto al desarrollo e implementación de TICs.

Ahora bien, ¿qué tipo de políticas estatales aplicó Uruguay en los últimos años? ¿Qué diferencias existen con respecto a las desarrolladas en Argentina? ¿Por qué las políticas públicas de Uruguay parecieran tener una mejor implementación y mejores resultados?

Un pilar esencial para ingresar en la Era del Conocimiento es el desarrollo de la agenda digital que, en el caso específico de Uruguay, presenta estos ejes: mejorar la educación a través de la alfabetización digital, facilitar el acceso a los servicios gubernamentales, achicar la brecha entre los info-ricos y los info-pobres e incrementar el crecimiento económico; en suma, mejorar la calidad de vida de la población.

Con el objetivo básico de avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa aparece en la escena uruguaya la agenda digital, una herramienta diseñada por el gobierno que busca, en líneas generales, masificar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs). Sin embargo, en este caso específico, la agenda digital también interrelaciona y jerarquiza diversos planes vinculados a las TICS, generando un documento que los contiene.

 

4.2. Articulando planes y proyectos: creación de la Agenda Digital de Uruguay (ADU)

La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) es la responsable de la planificación y ejecución de la Agenda Digital uruguaya, la cual fue definida por el ex presidente Tabaré Vázquez como “una agenda para el desarrollo, basada en la innovación, tecnología y conocimiento con inclusión social[27].

El gobierno uruguayo entiende a la agenda digital como una guía de planificación que permite, sólo a partir de sus enunciados, ejecutar los proyectos establecidos. Las metas son claras y se busca materializarlas en tiempo y forma.

El país ha contado con varias iniciativas de desarrollo de la AGESIC en la forma de planes y proyectos. La Agenda Digital de Uruguay busca priorizarlas, articularlas y difundirlas para establecer una visión de conjunto; y en base a la elaboración de mecanismos de seguimiento y sustentabilidad, promover su continuidad y proyección. De esta forma, la AGESIC combinó dichas políticas de gobierno en una Agenda Digital a implementarse en dos etapas: una primera en los plazos 2008-2010 (aún ene ejecución) y, una segunda para 2011-2015.

La Agenda Digital de Uruguay (ADU 2008-2010) consta de dos grande dimensiones: 1) Líneas estratégicas, planteadas a partir de aquellos ejes que el gobierno nacional considera prioritarios para ese momento; y 2) Objetivos por proyecto que contienen a su vez, una cantidad de metas dependientes de aquél y que resultan cuantificables para que se pueda analizar el cumplimiento de las mismas.

Dicha agenda se estructuró en base a siete líneas estratégicas, a saber:

En primer lugar, el eje Equidad e inclusión social, posee el objetivo central de disminuir la brecha digital para que todos los ciudadanos tengan acceso a las TICS, sobre todo aquellos sectores más vulnerables.

En segundo lugar, la línea de acción destinada al Fortalecimiento democrático, tiene por cuyo objetivo promover la transparencia del sector público y generando lazos de participación y articulación con los demas sectores: sociedad civil, sector privado y académico.

Transformación del Estado, es el tercer eje, que apunta a lograr una transformación estructural de la administración pública a partir de una actualización tecnológica, en la que todas las dependencias se encuentren interconectadas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia en el accionar estatal. La implementación del gobierno electrónico, el acceso descentralizado a los servicios del Estado a través de centros de atención primaria y la mejora del portal del Estado serán también objetivos relacionados.

La cuarta línea, Desarrollo de infraestructura, busca fomentar y desarrollar la infraestructura tecnológica en todo el territorio nacional, impulsando a su vez el desarrollo de las capacidades técnicas de los recursos humanos.

La quinta, denominada Desarrollo económico basado en el conocimiento, tiene por objetivo principal es aprovechar el avanzado grado de implementación de las TICs en el país, para impulsar su desarrollo productivo, fomentando la industria TIC, la producción de contenidos audiovisuales y la utilización de las TICs por parte de las pequeñas y medianas empresas.

En sexto lugar, el eje Cultura, educación y generación de conocimiento, busca generar un uso educativo de las TICs para que éstas sean parte fundamental del desarrollo cultural del país,

Finalmente, el eje Integración e inserción regional, tiene como meta generar un marco de intercambio e integración a nivel regional que permite la creación, a su vez, de un marco tecnológico y normativo de la región.

A la luz de estas líneas estratégicas se han proyectado líneas de acción específicas que incluyen objetivos metas y responsables, las cuales incluyen: 1) el acceso, equidad e inclusión; 2) el desarrollo productivo; 3) el Gobierno Electrónico; 4) la creación de capacidad y conocimiento; 5) la institucionalización y marco normativo.

Entre las metas más destacables del área de acción “acceso, equidad e inclusión” pueden destacarse las siguientes: otorgar, desde el Plan Ceibal, a los alumnos y docentes del Consejo de Educación Primaria de todo el país, computadoras y “formar a la totalidad de maestros en el uso educativo de las mismas al 2010”[28].

Otras metas de importancia son: la conexión de todos los centros educativos urbanos y rurales a partir del programa de conectividad educativa y el acceso de la población a las TICs a partir del aumento de los Centros de Acceso a la Sociedad de la Información (CASI) en base a una iniciativa público/privada.

Aquí puede verse claramente cómo están interrelacionados el Plan Ceibal y la Agenda Digital de Uruguay. Queda en evidencia cómo la agenda digital, que resulta ser posterior al Plan Ceibal, incluye entre uno de sus objetivos prioritarios las acciones por desarrollar de este plan, reconociendo los avances obtenidos en la materia y generando, desde la agenda digital, una política estatal que lo incluya y lo contenga.

 

4.3. Una iniciativa nacional de crecimiento: el Plan CEIBAL

Como mencionamos anteriormente, mucho antes de que se implementara la Agenda Digital, en mayo de 2007, Uruguay lanzó un proyecto estratégico que cambiaría el escenario educativo de la región: el Plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL), cuyo objetivo central es otorgar a todos los estudiantes y maestros de los establecimientos educativos de nivel primario una laptop con acceso gratuito a Internet. Esta estrategia apunta, básicamente, a promover la equidad y la justicia social en todo el territorio uruguayo, mediante la igualdad de acceso a las “herramientas TIC”.

El Plan Ceibal, aplicado en el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), está situado en el marco del Plan de Inclusión y Acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que integra la Agenda Digital del Gobierno de Uruguay. En dicho ámbito, los organismos vinculados a la puesta en marcha de este plan son el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Telecomunicaciones, la Administración Nacional de Educación Pública y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Asimismo, a nivel nacional, este plan se articula con el Programa de Equidad para el Acceso a la Información Digital (PEAID) y, en el orden internacional, constituye un trabajo conjunto con la organización One Laptop per Child(OLPC).

La ejecución del plan se llevó a cabo en tres etapas diferencias por zona geográfica: en primer lugar, se lo implementó en todo el departamento de Florida[29]; luego, en los restantes departamentos del interior y; por último, se lo puso en práctica en Montevideo.

Ahora bien, en cuanto a los objetivos del Plan Ceibal, el mismo no sólo implica la entrega de una computadora conectada a Internet per cápita sino que también incluye, mediante un accionar coordinado entre las distintas áreas de gobierno y grupos diversos de voluntarios, la posibilidad de brindar formación a los docentes para que éstos puedan adecuar sus herramientas pedagógicas al nuevo escenario educacional.

Este plan no sólo promueve un cambio educativo al interior del aula sino también un cambio puertas afuera, ya que los estudiantes tienen la posibilidad de llevarse las computadoras a sus hogares para que el aprendizaje pueda darse en un continuum.

El Plan Ceibal se postula, al mismo tiempo, como integral e integrador: la premisa de la inclusión con igualdad de oportunidades no sólo se funda en su dimensión integradora, sino que también implica el trabajo con alumnos con capacidades diferentes (lo cual se plasma no sólo en la provisión de equipos especialmente adaptados a sus capacidades, sino también en la capacitación de docentes y facilitadores, entre otras cuestiones). La democratización del acceso es la piedra angular del proyecto socioeducativo del Plan Ceibal.

Con el objetivo de asentar la aplicación de este plan en el nivel inicial y expandirlo hacia el nivel secundario, en diciembre de 2009 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$6 millones. Lo que se espera de esta nueva inyección económica es, a grandes rasgos, la realización conjunta, entre alumnos y maestros, de proyectos digitales; que todas las escuelas posean su sitio web; que todo el personal educativo esté alfabetizado digitalmente; que se amplíen los programas de capacitación y soportes de apoyo y que se consolide la herramienta de evaluación de los progresos de los estudiantes.

Ahora bien, al día de hoy, los resultados de la aplicación del Plan Ceibal son sorprendentes: según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) publicada por el Instituto Nacional de Estadística en febrero de 2011, el 47,6% de los hogares encuestados declaró tener al menos una computadora y el 41,8% de las personas mayores de 6 años afirmó haber navegado en la Web en el mes previo a la consulta[30].

Los resultados arrojados por la encuesta nos muestran la relevancia de la aplicación del Plan Ceibal en el crecimiento de los números relacionados con el uso de TICs en la población, a saber:

-el 75% de personas que tienen entre 6 y 11 años se conectan a Internet desde las escuelas, utilizando las computadoras entregadas a los alumnos mediante el Plan Ceibal[31].

-1 de cada 3 hogares posee una computadora perteneciente al Plan Ceibal: “En las localidades pequeñas y zonas rurales es donde se registra su mayor peso: 63% de los hogares cuentan con al menos una computadora perteneciente al Plan Ceibal, mientras que en Montevideo la proporción desciende a 12,8%[32].

 

Para concluir, mencionamos que Uruguay, en el contexto de la inauguración del Primer Evento Internacional de Gobierno Electrónico en Uruguay, ha presentado su segunda agenda digital. En el discurso de apertura se sostuvo que Una nación que se propone incrementar su desarrollo en el contexto de nuestra era, la de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, debe asumir un despliegue a gran escala de herramientas basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Para ello, resulta crítico establecer un marco habilitante para su buen uso y favorecer su apropiación social en el contexto específico de la realidad uruguaya[33].

En este sentido, la Agenda Digital del Uruguay (ADU 2011-2015) establece nuevas líneas estratégicas de acción, a saber: equidad e inclusión social; participación ciudadana; transformación del estado; impulso a la educación; innovación y generación de conocimiento; integración territorial; inserción internacional.

La nueva ADU fue elaborada a partir de distintas consulta públicas, tanto a  informantes calificados en temáticas vinculadas a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y Gobierno Electrónico, como a la ciudadanía en general y cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Honorario para la Sociedad de la Información (CAHSI), teniendo en cuenta también los informes sobre los alcances obtenidos de la implementación de la agenda anterior, que ya se encuentra en su última etapa de ejecución.

 

De acuerdo con lo expuesto en el presente apartado, asumimos que tanto las líneas directrices como los resultados parciales de implementación del Plan Ceibal se inscriben en un proyecto de integración societaria, dentro y fuera de las instituciones educativas, basado en la alfabetización digital   y en el desarrollo equitativo de una mejor calidad de aprendizaje a través de la inclusión de NTICs, con una fuerte proyección a futuro delineada en la Agenda Digital 2011-2015 anteriormente mencionada.

 

  1. CONCLUSIONES

Llegados a este punto, consideramos necesario retomar algunos interrogantes planteados en la Introducción del presente trabajo:

¿Qué rol adquiere el Estado como promotor de TICs? Asumimos que el Estado argentino actúa como un Estado garante y regulador del Plan Conectar Igualdad.com.ar -garantizar conectividad e infraestructura, legitimar contenidos y prácticas-, mientras que el Estado uruguayo tiene mucha mayor injerencia en la implementación del Plan Ceibal -puesto que define a la alfabetización digital como eje prioritario de su política integral- y detenta fuertes responsabilidades en tanto se propone como un Estado interventor.

¿Cuál es el grado de acceso real y de participación que tienen los diversos actores sociales? Mientras que en Argentina el grado de participación real de docentes, alumnos y directivos en el Plan Conectar Igualdad.com.ar pareciera ser casi nulo, en Uruguay los docentes, alumnos y autoridades escolares aparecen más integrados en la totalidad del Plan Ceibal, tanto en instancias de clase, evaluaciones online y seguimiento personalizado de los sujetos del aprendizaje, como en instancias de soporte y asistencia relativas a las netbooks.  

¿Qué proyecto de país se busca construir mediante la puesta en práctica de este tipo de políticas? Conjeturamos que en el caso argentino, desde los lineamientos de la agenda digital, se hace hincapié en la tecnología como política de Estado, mientras que en el caso uruguayo se propone un coordinación de acciones entre áreas gubernamentales y grupos no gubernamentales de voluntarios -u ONGs- articulando, de este modo, las responsabilidades y tareas del Estado con las de otros actores sociales.

¿Qué tipo de sujeto social se pretende formar en el curso de este proceso? En el Plan Ceibal se focaliza en la formación del sujeto en tanto sujeto del aprendizaje, ya sea dentro o fuera de la institución escolar; por tanto se trata de un sujeto en aprendizaje continuo. En el caso argentino, el Plan Conectar Igualdad.com.ar focaliza en un sujeto que pueda acceder a la tecnología, pero no ha brindado (al menos en su primera etapa) la capacitación adecuada a docentes y/ o asesoramiento a alumnos, y tampoco ha adoptado una posición clara con respecto a la mejoras en la calidad del aprendizaje de los sujetos de la educación a través del uso de las NTICs. Uno de los enigmas que -asumimos- presenta el Plan Conectar Igualdad.com.ar alude a si la incorporación de las TICS en el aula produce, o no, un aprendizaje participativo y colaborativo, y a establecer cuál es el verdadero impacto que estas tecnologías generan.

¿Qué tipo de alteridad se construye en la interacción de los sujetos involucrados en el proceso educativo? La percepción del sujeto como un Otro excluido del universo de las NTICs es el riesgo que conlleva la aplicación de estos planes. Sabemos que, en ambos proyectos, la mera inclusión de tecnología en el aula no resuelve la problemática de exclusión socioeconómica.

Para concluir, consideramos que el desafío mayor que presentan las políticas de agenda digital, en lo relativo al ámbito educacional, es que estas estrategias de inclusión digital no propicien la exclusión; esto es, que la herramienta tecnológica pueda realmente contribuir a lograr una innovación pedagógica estructural en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que no se transforme en un mero elemento de “distracción” más, que contribuya a profundizar la brecha entre incluidos y excluidos digitales.

[1] GUERIN, Ana I. y GÜIDA, María Clara. La estrategia digital argentina en el marco de la Sociedad del Conocimiento. Buenos Aires, 2009.

[2] De acuerdo con Henoch Aguiar, es necesario que cada nación elabore su propia agenda en pos de organizar las acciones a desplegar con el objetivo de incorporarse con éxito a la Era Digital. Siguiendo a este autor, dichas acciones pueden ordenarse en seis pilares principales, autónomos pero interrelacionados en un plan general. “Educación para la Sociedad del Conocimiento, inclusión a través de lo digital, desarrollo de la economía del conocimiento, legislación digital, gobierno electrónico y desarrollo intensivo de las comunicaciones (son) como las seis columnas de un templo griego: todas ellas indispensables para asegurar la estabilidad y permanencia de la nación digital, sede de la Sociedad del Conocimiento”. AGUIAR, Henoch. “Introducción”, en El futuro no espera. Políticas para desarrollar la Sociedad del Conocimiento. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2007. Pág. 15 y 35.

[3] DECRETO N° 512/09. PEN. Grupo de Trabajo Multisectorial. Creación. (Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base.)

[4] De acuerdo con Pedro Nikken, “la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. […] todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen de su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas […] Son derechos universales.” Nikken, P. El concepto de Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1835/3.pdf Pág. 15 y 16.

[5] Mientras que el modelo liberal considera a la educación como un derecho que surge en términos de libertades, de conquista de derechos individuales que el Estado está destinado a garantizar en pos del funcionamiento del sistema político (el sujeto de la educación es concebido como ciudadano portador de derechos civiles y políticos); el modelo social propone una trasformación del rol del Estado en pos de lograr la protección de todos los individuos en su conjunto, por lo que, siguiendo el principio de igualdad jurídica y social, el Estado debe garantizar una escolarización masiva en todos los niveles educativos: teniendo en cuenta que la educación constituye un elemento emancipador y un factor de movilidad social, su universalización permitiría la formación de una sociedad más equitativa (el sujeto de la educación es un nuevo tipo de ciudadano, portador no sólo de derechos civiles y políticos, sino también sociales).

[6] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 21.

[7] CASTELLS, Manuel. Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica. Cataluña, 2001. En Unidad 1. Legislación Comparada. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – UBA, 2007. Pág. 7.

[8] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 31.

[9] El gobierno de este país hace desde hace más de 6 años un uso explícito del término “Agenda Digital” y, en base a este concepto, elabora sus políticas digitales de manera ordenada y pública. Chile tiene una página en Internet en la cual el actual gobierno de Michelle Bachelet explica su agenda digital, en tanto política pública para profundizar el desarrollo de las TICs como una plataforma para el progreso, -iniciada en 2003 bajo el nombre de Agenda Digital y que en la actualidad se concibe como una Estrategia Digital a ser culminada hacia 2012-, publica periódicamente artículos al respecto y, abre la posibilidad a la ciudadanía de opinar sobre los proyectos en cuestión. Esta estrategia-país tiene como objetivo “contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios. Las TIC no son un fin en sí mismas. Son instrumentos para modernizar el Estado, incrementar la productividad y acortar las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las políticas sociales, disminuir las disparidades regionales de desarrollo y aumentar la equidad. De esta forma, la Agenda Digital busca poner a las TIC al servicio de estos objetivos nacionales”. http://www.estrategiadigital.gob.cl/

[10] http://www.pyp-uba.com.ar/news16/news16.htm

[11] “Hacia las ciudades digitales pensadas como política de Estado” en Diario La Capital, Mar del Plata, 3 de Septiembre de 2009. Disponible en: http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2009/09/03/119752.htm (El subrayado es nuestro).

[12] Entre las múltiples acciones que el Estado ha implementado en materia de políticas digitales estos últimos años, podemos destacar una serie de normas relacionadas con la prestación de servicios de Internet, donde las definiciones políticas relacionadas con estas temáticas ampliaron luego su alcance para abordar temas sociales, de contenidos, y económicos. Entre las primeras podemos destacar el Decreto N° 62/90 PEN. Pliego de bases y condiciones para la prestación de servicios telefónicos (que estableció un doble régimen para el servicio de acceso a Internet: la salida al exterior en régimen de exclusividad y la libre competencia en el ámbito nacional); las Resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones N° 81/96, 94/96 y 194/96 (con la intención de regular la prestación del servicio de enlace, las condiciones en las que deben proveerse los vínculos internacionales y, los requisitos que deben cumplir las empresas que brindan Internet en el ámbito local); el Decreto N° 554/97 (que declaró de interés nacional para todos los habitantes del territorio argentino el acceso a Internet); la Resolución N° 2132/97 (por el cual la Secretaría de Comunicaciones convocó a la   Primera Audiencia Pública sobre Internet, especificando los que tres componentes básicos del problema de Internet en la Argentina a ser tratados eran el ancho de banda disponible, el tráfico de usuarios y, el equipamiento del cliente y el servidor); el Decreto N° 1279/97 (que extendió la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión al servicio de Internet); la Resolución 499/98 Características de la modalidad de facturación para INTERNET 0610 (que aprobó la tarifa y modalidad “Llamada Internet”); el Decreto N° 764/00 de Desregulación de Servicios de Telecomunicaciones; el Decreto N° 558/08 de Reglamento General de Servicio Universal. A estas normas se sumaron, luego, la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales; la Ley Nº 25.506/01 de Firma Digital; la Ley N° 25.690/03 de Proveedores de Internet. Software de protección de acceso a ciertos sitios; el Decreto N° 378/05 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico; la Ley N° 26.388/08 de Delitos Informáticos. Para mayor información, ver los considerandos del Decreto N° 512/09.

[13] Dependiente primero de la Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva y luego de la Secretaria de Comunicaciones, este órgano tiene como objetivo la elaboración de políticas y proyectos necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios mediante la utilización de procesos informáticos. “El PSI es una iniciativa a nivel nacional y está organizado por proyectos que se proponen fomentar el desarrollo tecnológico en diferentes áreas (facilitar el uso de Internet, promover el desarrollo de las TICs en la gestión pública nacional y local, poner a disposición del sector académico y científico una red de alta velocidad para la transmisión de datos, e incentivar la informatización de la sociedad con sentido de equidad social y geográfica), con el fin de lograr que los beneficios de la Sociedad de la Información lleguen a todos los habitantes del país” (IBÁÑEZ, Rubén Darío y FAZIO, María Eugenia. Informe preliminar del observatorio argentino sobre iniciativas para la difusión social de las TICs. Proyecto OLISTICA. Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las TIC para la Acción. Disponible en: http://www.funredes.org/olistica/documentos/doc4/)

[15] ELMIGER, María Belén y GÜIDA, María Clara. Sudáfrica: Políticas Digitales en la Sociedad del Conocimiento. Buenos Aires, 2006. Disponible en: http://www.catedrasaguiar.com.ar/

[16] AGUILAR VILLANUEVA, L. “Estudio Introductorio”. En El estudio de las políticas públicas. En Unidad 3. Teorías del Estado y la Planificación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 5.

[17] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 2.

[18] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 4.

[19] EDUC.AR. Pensar el país: Agenda Digital Argentina. Disponible en: http://portal.educ.ar/debates/sociedad/brecha-digital/pensar-el-pais-agenda-digital.php

[20] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 24.

[21] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 26.

[22] EDUC.AR. Op. Cit.

[23] EDUC.AR. Op. Cit.

[24] “La Teoría del Capital Humano, haciendo uso de microfundamentos, considera que el agente económico (individuo) en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o no) arbitra, entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad -salario que deja de percibir por estar estudiando- y los costos directos -gastos de estudios). Seguirá estudiando si el valor actualizado neto de los costos y de las ventajas es positivo. En efecto, como se puede apreciar la Teoría del Capital Humano considera que el agente económico tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base a un cálculo.” (DESTINOBLES, André Geráld. El Capital Humano en las Teorías del crecimiento económico. Textos Universitarios, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México, 2006. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2006a/agd/1c.htm )

[25] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 21.

[26] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 30.

[27] http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/1386/1/agesic/uruguay_subio_en_ranking_del_foro_economico_mundial.html

[28] “Vázquez: gobernar con las luces largas encendidas para mejorar la visión de futuro” en El Acontecer.com.uy, 13 de Agosto de 2008. Disponible en: http://www.elacontecer.com.uy/651-vazquez-gobernar-con-las-luces-largas-encendidas-para-mejorar-vision-del-futuro.html

[29] www.agesic.gub.uy

[30] Una de las primeras experiencias se llevó a cabo en una escuela de Villa Cardal, en el departamento de Florida, donde 150 chicos pudieron recibir sus computadoras, donadas por la organización “One Laptop per Child”.

[31] HORMAIZTEGUY, Gabriela. “Uruguay. La mitad de los hogares tiene PC y el 28% acceso a Internet” en El Observador, Miércoles 2 de Febrero de 2011. Disponible en: http://www.elderechoinformatico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=471:uruguay-la-mitad-de-los-hogares-tiene-pc-y-el-28-conexion-a-internet&catid=95:uruguay&Itemid=116

[32] HORMAIZTEGUY, Gabriela. Op. Cit.

[33] HORMAIZTEGUY, Gabriela. Op. Cit.

[34] www.agesic.gub.uy

 

Anuncios

Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: