Las telecomunicaciones frente a los desafíos de la convergencia

Por María Clara Güida / Marzo 2011.

De acuerdo con Henoch Aguiar, el sector de las telecomunicaciones es el constructor de las rutas que llevan la información; motivo por el cual estas son importantes no por ellas mismas sino por lo que comunican. En este sentido, la política de telecomunicaciones de un país tiene como objetivo brindar a sus ciudadanos los servicios de comunicaciones (las rutas del conocimiento), al menor costo, con la mayor eficiencia tecnológica que permita el estado mundial del arte, asegurando el acceso universal de los habitantes económica o geográficamente excluidos de las comunicaciones.

  1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Henoch Aguiar, el sector de las telecomunicaciones es el constructor de las rutas que llevan la información; motivo por el cual estas son importantes no por ellas mismas sino por lo que comunican. En este sentido, la política de telecomunicaciones de un país tiene como objetivo brindar a sus ciudadanos los servicios de comunicaciones (las rutas del conocimiento), al menor costo, con la mayor eficiencia tecnológica que permita el estado mundial del arte, asegurando el acceso universal de los habitantes económica o geográficamente excluidos de las comunicaciones.

Las telecomunicaciones se caracterizan por poseer dos fuerzas conductoras: la tecnología y las regulaciones. A diferencia de la informática, que creció en un entorno sumamente desregulado, las telecomunicaciones (iniciadas como emprendimientos privados en el siglo XIX) fueron asumidas como una responsabilidad estatal, como un servicio público, durante casi todo el siglo XX.

La regulación, en tanto elemento esencial de la política pública, o bien permite la competencia y facilita el mejoramiento de servicios, o bien protege a algún prestador monopólico, sea éste público o privado, desalienta la mejora de servicios y deja sin posibilidades de elección a los usuarios, enjaulados en mercados monopólicos o no competitivos.

La integración de servicios y la convergencia tecnológica son dos de las características que más fuertemente han impactado la presente época. La Sociedad del Conicimiento se estructura en base al surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico-informativo que ha modificado hábitos y costumbres, provocando cambios tan radicales como el quiebre de los ejes temporal y espacial. Internet y el conocimiento son sus dos expresiones específicas: se fusionan e interactúan, complementándose y modificando los escenarios de acción.

Sin embargo, cabe destacar que la expansión y desarrollo de las telecomunicaciones no se agota en el hecho tecnológico, sino que se encuadra dentro de un conjunto de factores que tienen relación directa con cuestiones fundamentales de toda sociedad, como las económicas, sociales, políticas y culturales.

De acuerdo con Martín Becerra, nos encontramos ante un proceso social caracterizado por una progresiva importancia de la información como insumo y proceso productivo, que se encuentra en pleno desarrollo. En dicho proceso, según Manuel Castells, las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. Estas tecnologías han cambiado radicalmente los escenarios de acción; sin embargo no influyen, por sí solas, en las conductas de los hombres: el problema radica en el uso que se haga de ellas y en la manera en que se capacite a la sociedad para su uso y para que ésta desarrolle una efectiva participación en las cuestiones de carácter público

De acuerdo con Ricardo Porto y Claudio Schiffer, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y principalmente Internet, han provocado que nuestro país, como tantos otros, decidiera integrarse al nuevo fenómeno y a los avances producidos en la especialidad. No obstante, aun hoy Argentina muestra bajos índices comparativos de penetración de Internet.

En este contexto se inscribe la paulatina desaparición de las fronteras entre las telecomunicaciones y la radiodifusión, provocando a su vez importantes modificaciones en los campos técnico y jurídico de estas disciplinas.

En otras palabras, en esta instancia de desarrollo tecnológico, el estado de derecho puede posibilitar el cambio y preparar el camino hacia una digitalización y apertura de las relaciones económicas, sociales y políticas o transformarse en el mayor obstáculo frente al cambio por su rigidez y falta de adaptación

  1. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Comunicaciones punto-punto Comunicaciones punto-masa
Destinadas a un individuo en particular Destinadas al público en general
Sujetas a las reglas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por medio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en tanto se considera que poseen el carácter de bienes y servicios transables. Bajo la protección de la Convención para Protección y Promoción de la Diversidad de de las Expresiones Culturales de la UNESCO (2005), en tanto se considera que los SCA hacen a la educación y la cultura de los pueblos. En este sentido, los Estados tienen la obligación de garantizar la pluralidad y diversidad de este bien que no es de carácter transable.
Aplican los principios de la libertad de comercio Aplicando los principios del derecho a la información.
Marco regulatorio actual:

Ley Nº 19.798/72 Nacional de Telecomunicaciones.

Decreto 62/90. Telecomunicaciones. Pliego de Bases y Condiciones.

Decreto 764/00. Telecomunicaciones. Desregulación de los servicios.

Marco regulatorio actual:

Ley Nº 26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual y decretos reglamentarios.

Definición:

Telecomunicaciones

Ley 19.798/72, Artículo 2º: “Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros sistemas electromagnéticos”.

Servicio de Telecomunicaciones

Decreto 62/90, Capítulo XIX: “El transporte de señales, imágenes visuales, voz, música y otros sonidos por medio de hilos, sistemas radioeléctricos, sistemas ópticos y/u otros sistemas que utilicen energía eléctrica, magnética, electromagnética o electromecánica”.

Definición:

Comunicación Audiovisual: “la actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos, sobre la base de un horario de programación, con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónicas. Comprende la radiodifusión televisiva, hacia receptores fijos, hacia receptores móviles así, como también servicios de radiodifusión sonora, independientemente del soporte utilizado, o por servicio satelital; con o sin suscripción en cualquiera de los casos” (Art. 4 LSCA).

Radiodifusión: “la forma de radiocomunicación destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por el público en general, o determinable. Estas transmisiones pueden incluir programas sonoros, de televisión y/u otros géneros de emisión, y su recepción podrá ser efectuada por aparatos fijos o móviles” (Art. 4). Puede ser de distintos tipos: abierta; móvil; sonora; televisiva (a pedido o a demanda); por suscripción; suscripción con uso de espectro radioeléctrico; por suscripción mediante vínculo físico.

Tipo de servicio:

Servicio Público: Actividad impulsada por la sociedad civil, considerada de interés general para la comunidad y, por tal razón, reconocida y garantizada por el Estado. En un servicio público, el Estado, más allá de ser propietario o no, que es otro nivel de análisis, planifica el desarrollo del servicio. Establece los objetivos y fija las directrices generales de políticas del sistema.

Tipo de servicio:

Servicio de Interés Público: una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. Esta condición importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la ley como parte de las obligaciones del Estado Nacional establecidas en el Art. 75, inc. 19 de la CN. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión (Art. 2)

Licencias:

  • Sistema de licencia única.
  • Para cualquier servicio fijo, móvil, inalámbrico, alámbrico, con o sin estructura propia.
  • Hay que declarar el tipo de servicio a brindar (o declarar su ampliación en el futuro).
  • Sin requisitos especiales (todos pueden ser licenciatarios y no hay obligación de inversión mínima -a diferencia de lo que sucede en SCA).
  • Pago de un canon ($5000).
  • Otorgamiento directo (excepto para el espectro radioeléctrico, caso en el que se debe concursar -concurso público, abierto y permanente-).
  • Duración ilimitada (si utiliza espectro, son 5 años renovables).
Licencias:

Titulares de frecuencias: Toda persona física y jurídica, incluyendo asociaciones, fundaciones y cooperativas, así como también las pequeñas y medianas empresas: “La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles” (Art. 2).

La ley contempla 2 grandes tipos de prestadores:

-personas de derecho público estatal y no estatal

-personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro.

De acuerdo a esta clasificación, los medios públicos o estatales y los pueblos originarios reciben autorizaciones. Por otra parte, los prestadores privados se clasifican entre quienes reciben licencia y quienes deben inscribirse en un registro. Entre los primeros encontramos a aquellos que explotan un espacio en el espectro radioeléctrico, mientras que entre los segundos a aquellos prestadores que no utilizan el espectro.

 

Adjudicación de licencias: La adjudicación de licencias de servicios de comunicación audiovisual no satelitales que utilicen espectro radioeléctrico se realiza mediante concurso público, abierto y permanente, a cargo de la AFSCA y con previa audiencia pública. Sin embargo, en aquellas localidades cuya área primaria de servicios supere los 50 km y cuya población supere los 500.000 habitantes, la adjudicación la realizará el PEN, previo concurso (Art. 32).

Duración de las licencias: Las licencias se otorgan por un período de 10 años prorrogables por única vez por un plazo de 10 años -previa celebración de audiencia pública en la localidad donde se preste el servicio- (Arts. 39 y 40). A diferencia de las licencias, las autorizaciones se entregan por tiempo indeterminado (Art. 40).

Multiplicidad de licencias: -El Art. 45 establece un modelo de control de concentración cruzado entre cantidad de licencias y penetración de mercados, y coloca los siguientes límites a la concentración:

  1. a) en el orden nacional:
  • 1 licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital (excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual).
  • 10 licencias de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción (cable) con uso de espectro radioeléctrico (más la titularidad del registro de una señal de contenidos).
  • 24 licencias de cable en diferentes localizaciones (cada licencia implica un servicio independiente con las mismas condiciones que un canal de televisión abierta y con un canal e informativo propios).

(Nota: a nivel nacional y para todos los servicios, la multiplicidad de licencias no puede implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios -es decir, no se puede tener más del 35% del mercado potencial del servicio-.)

  1. b) en el orden local:
  • 1 licencia AM.
  • 1 licencia FM o 2 cuando existan más de 8 licencias en el área primaria de servicio.
  • 1 licencia de televisión por cable (si el solicitante no posee licencia de televisión abierta -por ejemplo, el Grupo Clarín ofrece televisión por aire y por cable, por lo cual debe desprenderse de Canal 13 o de Cablevisión-).

.1 licencia de televisión abierta (si el solicitante no posee licencia de televisión por cable -ídem situación anterior-).

(Nota: la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario no puede exceder la cantidad de 3 licencias.)

  1. c) señales:
  • quienes poseen hasta 10 licencias de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por cable con uso de espectro radioeléctrico, pueden tener sólo 1 señal de servicios audiovisuales.
  • los prestadores de servicios de televisión por cable no pueden ser titulares de registro de señales (excepto la señal de generación propia -por ejemplo, la empresa Cablevisión ofrece televisión por cable, por lo cual no puede tener más que una señal de contenidos: debe elegir 1 entre TN, Volver, Magazine y Metro-).

(Nota: si el titular de un servicio solicita la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, la misma no puede otorgarse si el servicio solicitado utiliza la única frecuencia disponible en la zona.)

-El Art. 46 establece la no concurrencia: quienes posean una licencia de televisión satelital o televisión móvil no pueden tener ningún otro tipo de licencia.

Autoridad de aplicación:

Secretaría de Comunicaciones (SECOM)

Autoridad de aplicación:

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)

Órgano de control:

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)

Órgano de control:

Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la LSCA

III. BREVE EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LAS TELECOMUNICACIONES

La prestación de buena parte de los servicios públicos se encontraban, en sus comienzos, operada por el sector privado. Paradójicamente, transcurrido un siglo, el servicio de telecomunicaciones regresa a manos privadas. Es 1989 el año en el que se lleva adelante la privatización de ENTel. La década del noventa avanza con las etapas de desmonopolización y desregulación del mercado de las telecomunicaciones.

El análisis del marco regulatorio de las telecomunicaciones establecido a fines de 2000 requiere de un breve repaso de la legislación en la materia. En este sentido, es preciso advertir que tal revisión no tiene solamente un significado histórico, sino que la comprensión de la legislación vigente, desde la Ley de Telecomunicaciones 19.798, dictada en 1972, obliga a considerar esta secuencia jurídica:

  • LEY 750 ½ sobre Telégrafos (7 de octubre de 1875): comienza a consolidar jurídica y administrativamente las telecomunicaciones en la Argentina. Contenía disposiciones análogas a las de las leyes sobre ferrocarriles Nº 531 y 2873. Entiende como propiedad de la Nación a todos aquellos servicios de telegrafía administrados por la Nación; subvencionados, garantizados o autorizados por la Nación; que ligaran un territorio federal con las provincias o a una provincia con otra; que comunicaran a la Nación con un Estado extranjero. En cuanto al servicio, se lo asemejó no al de los ferrocarriles, sino al del correo (pues ambos sirven para la transmisión del pensamiento).

3 empresas operaban en el sector de las telecomunicaciones en ese entonces:

  1. Compañía de Teléfonos Coger-Bell (inglesa)
  2. Compañía Continental del Río de la Plata (norteamericana)
  3. Societé du Pantéléphone del Río de la Plata (belga)

En 1882, las últimas dos se fusionaron y adquirieron, luego, a la primera para pasar a llamarse Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata (UT).

  • LEY 4408 sobre Teléfonos y Radiotelegrafía (29 de septiembre de 1904): sienta las bases de dichos servicios.
  • LEY 9127 de Organización del Servicio Radiotelegráfico (25 de septiembre de 1913): establece que el mismo será exclusivamente gestionado por el Estado.
  • LEY 12.864 (28 de noviembre 1946): dispuso la adquisición de los bienes de la UT.
  • LEY 12.971 (28 de marzo 1947): declaró a la UT -ahora bajo el nombre de Empresa Mixta Telefónica de Argentina- persona de derecho público y estableció que la prestación de servicio público es una de las funciones del Estado como garante del bien común.
  • LEY 19.798 Nacional de Telecomunicaciones (22 de agosto de 1972): establece al Estado como el operador virtualmente exclusivo de las telecomunicaciones, a las cuales se considera que contribuyen a la seguridad nacional y deben adecuarse a las exigencias que pueda imponer la defensa nacional. Prohíbe la entrega de autorizaciones y/o permisos que impliquen la concesión de un monopolio incompatible con la soberanía, el desarrollo y la seguridad nacionales. Consagra una suerte de “compre nacional”, al promover la adquisición de equipamiento a empresas argentinas para el fomento de la industria. Crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en calidad de autoridad de aplicación de la ley, el que estaría integrado por diferentes Ministros y miembros de las Fuerzas Armadas. Establece la jurisdicción nacional para los servicios de telecomunicaciones de propiedad nacional, la recepción de señales satelitales, las interconexiones provinciales y los servicios de radiocomunicaciones. Limita las facultades de las provincias y municipios, quienes tienen la facultad de regular el uso del espacio aéreo en sus zonas (pero no lo pueden gravar). Asigna al Poder Ejecutivo Nacional las funciones de: autorizar la instalación y explotación de servicios de telecomunicaciones, fiscalización y control, administración de la banda de frecuencias y fijación de tarifas y gravámenes justos, razonables y que cubran el costo de explotación y desarrollo del servicio. Dispone que la correspondencia telefónica es inviolable. En el título III regula los “servicios de telecomunicaciones”: no se agrega el término “público”, al que sí se hace referencia en el articulado. También regula los servicios de telegrafía, radiocomunicaciones y radioaficionados (considerada como actividad de interés nacional).
  • DECRETO 1842/87: marca el punto de partida del proceso de apertura del sector, en tanto señala la necesidad de introducir factores de competitividad en el sector de los servicios públicos para prestar servicios eficientes a través de la diversificación de la oferta y de acuerdo con los avances tecnológicos. Busca promover las inversiones privadas, por lo que establece la libre concurrencia del sector privado en las empresas que operaban en la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
  • LEY 23. 696/89 de Reforma del Estado: da inicio al proceso de privatización, desmonopolización y desregulación de las telecomunicaciones.
  • DECRETO 62/90: pliego de privatización de ENTEL.
  • DECRETO 1185/90: crea la Comisión Nacional de Comunicaciones.
  • REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994: incorpora los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
  • LEY 25.000/98: aprueba, en el marco de la OMC, el IV Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios firmado en Ginebra.
  • DECRETO 764/00 de Desregulación de Servicios de Telecomunicaciones (3 de septiembre 2000): constituye el actual marco regulatorio de las telecomunicaciones y consta de 4 reglamentos: Régimen de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones (establece un régimen de licencia única, sin condiciones y para todos los servicios, donde todos pueden ser licenciatarios y no existe obligación de inversión mínima); Régimen Nacional de Interconexión (establece que los costos de interconexión deben ser neutros o “a costo” para disminuir los precios e impulsar la competencia); Reglamento General de Servicio Universal (establece que las empresas de mercado fuerte deben aportar el 1% de sus ingresos para el Fondo Fiduciario de Servicio Universal, en pos de llevar el servicio a las áreas no rentables); Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico (para la administración de todas las frecuencias existentes para telecomunicaciones, por llamado a concurso).

Argentina ha dado un paso importante al establecer un nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones, mediante el dictado del Decreto 764/00, aprobatorio de los Reglamentos de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, Nacional de Interconexion, General del Servicio Universal y Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico. Estas normas jurídicas, que comenzaron a regir el 9 de noviembre de 2000, están destinadas a regular el sector, delimitando el nuevo rol del Estado y los derechos y obligaciones de operadores y usuarios.

Encontramos en el proceso de desregulación de las telecomunicaciones, la incorporación de nuevos esquemas de convivencia entre los diferentes partícipes, señalándose como prioritario en un régimen de competencia, el acceso a las redes existentes, ya que si desaparece o se dificulta la garantía de acceso, no hay mercado ni competencia real. Por tal motivo, deberán acompañarse las formulas que faciliten el acceso, teniéndose presente que la economía de la red es un medio elemental para el desarrollo de un mercado de telecomunicaciones altamente competitivo.

Si ello se logra, de acuerdo con Porto y Schiffer, habrá una mejora sensible en cada una de las áreas vinculadas a las comunicaciones. En este esquema, podrá dotarse al comercio de mejores vías de comunicación a menores costos; se humanizará el entorno educativo, posibilitando a aquellos que por la distancia o carencia de medios no pueden acceder a una mejor educación, efectivamente puedan hacerlo.

De acuerdo a lo señalado por Aguiar, el eje del sistema es el usuario, en torno al cual debe girar el plexo jurídico recientemente sancionado. Toda esta novedosa legislación debe posibilitar que la sociedad en su conjunto reciba más y mejor información, a bajos costos y con elevada calidad. Conforme a estos principios la existencia de un mercado competitivo no sólo es un derecho de los operadores, sino, fundamentalmente, del usuario. En función de ello, es de esperar que, entonces, sea verdaderamente el usuario el principal beneficiario de la etapa que acaba por comenzar.

  1. CONVERGENCIA

¿De qué hablamos cuando hablamos de convergencia? Cabe destacar que el concepto de convergencia refiere, a la vez, a la posibilidad de brindar diferentes servicios por un mismo ducto o canal (ej.: Triple Play -Tv, Telefonía e Internet-, Cuádruple Play, N Play, entre otros) o un mismo servicio por diferentes ductos (ej.: con la TV Digital una persona puede recibir programas audiovisuales por diferentes pantallas como ser la de la PC, pantallas convencionales o la telefonía móvil).

Sin embargo, frente a los desafíos que ofrece la convergencia, en la actualidad el derecho separa lo que la tecnología une (y la justicia avala esta asimetría). En otras palabras, al día de hoy existen en nuestro país diferencias regulatorias y entre organismos competentes en las áreas de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual que marcan una asimetría e impiden en los hechos la convergencia. La legislación en ambas áreas impide a las telefónicas brindar radiodifusión y no contamos con un organismo único que funcione como autoridad de aplicación para las mismas, a saber:

TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Antecedentes de asimetrías regulatorias
Decreto 62/90: establece que las telefónicas no pueden brindar servicios de radiodifusión Ley Nº 22.285/80 Nacional de Radiodifusión: refiere a los servicios abiertos de TV, AM y FM y a los servicios complementarios (antena comunitaria, circuito cerrado de TV y TV satelital directa al hogar)
Decreto 1481/93: agrega otros prestadores de servicios de telecomunicaciones (servicios móviles) y les impide también brindar el servicio de radiodifusión. Ley Nº 25.750/03 de Bienes Culturales: establece un límite de 30% de participación de capital extranjero en la titularidad de medios de comunicación de toda índole.
Ley 26.053/05 modificatoria del Art. 45º de la Ley Nº 22.285/80: prohíbe a las empresas de servicios públicos ser radiodifusores y habilita a las cooperativas de servicios públicos a brindar servicios de radiodifusión sólo en aquellos lugares donde no exista prestación.
Antecedentes de asimetrías de organismos con competencia en la materia
Autoridad de Aplicación: Secretaría de Comunicaciones (SECOM) Autoridad de Aplicación: Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
Organismo de Control: Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Organismo de Control: –
Se da intervención (en algunos casos) a la Secretaría de Defensa de la Competencia

Ahora bien, la sanción del Decreto 764/00 de Desregulación de las Telecomunicaciones y la Ley Nº 26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual cambian radicalmente el panorama, puesto que el primero autoriza a los radiodifusores a brindar servicios de telecomunicaciones mientras que la segunda mantiene la prohibición en sentido inverso (la LSCA establece que las empresas de servicios públicos no pueden brindar SCA y las cooperativas de servicios públicos sólo pueden hacerlo en casos excepcionales).

Esto significa que, de un tiempo a esta parte, el nuevo escenario jurídico frente a la convergencia se encuentra signado por los siguientes factores:

Modernización relativa de la legislación.

  • No existe una normativa convergente, sino que existen leyes separadas con vinculaciones casuísticas para: telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual y TV Digital.
  • Se mantienen las limitaciones a las telefónicas.
  • Se amplía la participación de las cooperativas de servicios públicos.
  • Falta modernizar las definiciones, puesto que la nueva normativa no resuelve situaciones tales como las de los nuevos servicios on video.
  • La judicialización continúa.
  • Existe inseguridad jurídica para el desarrollo de nuevos modelos de negocios.
  • Gran presencia del Estado, que se evidencia en la multiplicación de los organismos públicos con competencia en ambas materias.
    • SECOM
    • CNC
    • Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
    • Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional Argentina Conectada
    • AFSCA
    • Comisión Bicameral
    • Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
    • Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital
    • Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia
    • Consejo Federal de los SCA
    • Defensor del Público
  • Las políticas públicas incluyen la convergencia en materia de inclusión digital.
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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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