¿Qué viene después del 7D?

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Diciembre 2012.

 

Pasada la fecha límite marcada por el Gobierno nacional como punto de inflexión en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual corresponde una lectura en prospectiva. En particular, porque la extensión de plazo de la medida cautelar sacudió la estrategia oficial para imponer su política comunicacional sobre el Grupo Clarín, el cual desconoce la autoridad de aplicación creada por la ley y solicita la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos: el 41º (intransferibilidad de licencias) y 161º (adecuación).

Tal situación deja al desnudo tres aspectos para repensar cómo hacer efectiva una norma que fue pensada, elaborada, discutida y sancionada luego de no pocos debates y apoyada por amplios sectores sociales: 1) el saber técnico de los académicos, 2) los procesos de formación de opinión pública, y 3) la potencia de redes cibernéticas y aquellas que se movilizan por las calles.

 

1. El fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que dejó en manos del Juez Alfonso la resolución de fondo, produjo tal desconcierto en ámbitos gubernamentales que, tras los desafortunados cuestionamientos del Ministro de Justicia Julio Alak sobre la separación de poderes, redoblaron la apuesta el actual Presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabattella, y el círculo íntimo que rodea al Jefe de Gabinete. Como efecto FOPEA a la inversa, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner recibió los embates de sus defensores más cercanos desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su referencia a los “fierros judiciales”, que recordaron aquellos años de plomo, justo durante una celebración relacionada con el retorno a la democracia.

 

2. Desde la ruptura definitiva con Clarín, a mediados 2009, el histórico pacto tácito entre empresarios de medios y poder político se rompió y no ha encontrado punto de retorno. Desde siempre todos los medios públicos fueron gubernamentales. El actual sistema, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) no escapa a esa realidad. Vale señalar que existe una creencia –afianzada en estudios empíricos norteamericanos– sobre la cual se sostiene que los medios masivos y la opinión pública funcionan de manera amalgamada y complementaria, según la cual la segunda depende de la agenda establecida por los grupos infocomunicacionales de mayor penetración. Así las cosas, otro problema político cuestionable reside en la certeza sobre si, actualmente, los procesos de formación de opinión pública son determinados por los medios masivos. En particular por el carácter performativo de la desintermediación de Internet.

 

3. Las redes sociales no son exclusivamente digitales. Son las que se manifestaron en la “fiesta patria” de Plaza de Mayo, el pasado 9 de diciembre; las que reprocharon al gobierno, con reclamos heterogéneos, el 13 de septiembre y el 8 de noviembre; y son, también, aquellas organizaciones no gubernamentales que intentan resolver los problemas aún inconclusos por la incapacidad de los partidos políticos. Todas expresan el movimiento de masas y no los medios de masas. En ese sector están los llamados medios alternativos, entre los que se encuentran centenares de proyectos de medios sin fines de lucro.

 

El resultado del “7D” se presenta como un hecho político negativo en términos de réditos y capitalización de poder político para el Gobierno nacional pero, también, para la aplicación de la LSCA, cuya autoridad cambió, en tres años, tres veces de presidente y se deshizo de todos los técnicos y académicos que participaron de su redacción original.

 

Hoy existe una absurda batalla en el campo cultural por imponer el sentido de una historia que de ninguna manera puede horadar los tiempos de la cultura que exceden a la política y a los negocios empresarios. Las nuevas formas elegidas por las comunidades para interactuar a través de los múltiples medios de comunicación que proporcionan las plataformas de Internet y la digitalización de las telecomunicaciones ponen en crisis aquel esquema dicotómico que entiende a los medios como exclusivos formadores de opinión pública. No por casualidad, en el año 1955 el General Juan Domingo Perón señaló, irónicamente, que llegó al poder con todos los medios en contra y lo derrocaron con todos los medios a favor.

 

En síntesis, los modelos duales producen efectos negativos que no promueven el pluralismo ni la diversidad en la sociedad y, por ende, tampoco la eficiente aplicación de la LSCA. La exclusión de los académicos en el momento en que se debe realizar un Plan Técnico serio frente a la inminente digitalización del espectro radioeléctrico diluye el buen sentido por el que militaron quienes redactaron los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática.

 

La reglamentación en cuota partes muestra que, aún, el Gobierno mantiene su decisión política de no ceder espacios de poder frente a grupos concentrados, cuestión entendible en la lógica de administración de la cosa pública; pero también cuestionable frente a afanes tan o más poderosos, como la multinacional Telefónica, que puede convertirse en un nuevo Grupo Clarín si no hay un plan de adecuación genuino

 

Tal vez la experiencia del “7D” sea ese punto de quiebre necesario para reflexionar sobre la preeminencia de las demandas colectivas frente al corto plazo de la dimensión política y económica de los medios.

 

Ese será el único camino para evitar insistir en errores que retrasen la aplicación de una norma que puede y debe funcionar con la institucionalización de un Poder Ejecutivo en armonía con el Legislativo y el Judicial.

 

 

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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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