La estrategia digital argentina en el marco de la Sociedad del Conocimiento

Por Ana I. Guérin y María Clara Güida / Septiembre 2009.

 

Este trabajo forma parte de una investigación más extensa, cuyo objeto es indagar sobre la implementación de Políticas Digitales en la Argentina, en el contexto de la Sociedad del Conocimiento. La misma implica abordar las especificidades de dichas políticas, su implementación a partir de la estructuración de una “agenda digital” estratégica de carácter nacional, su puesta en práctica y sus consecuencias e impacto en la administración pública así como en la sociedad civil, en el marco general de este nuevo tipo de sociedad producto de la Era Digital.

 

“En un mundo en cambio, el que se queda en el mismo lugar retrocede.”[1]

 

  1. INTRODUCCIÓN

La presente ponencia forma parte de un trabajo de investigación más extenso, cuyo objetivo es profundizar los estudios respecto de la implementación de Políticas Digitales en la Argentina, en el contexto Latinoamericano de desarrollo digital, en el marco de la Sociedad del Conocimiento. El mismo implica abordar las especificidades de dichas políticas, su implementación a partir de la estructuración de una “agenda digital” estratégica de carácter nacional, su puesta en práctica y sus consecuencias e impacto tanto en la administración pública como en la sociedad civil, en el marco general de esta “sociedad transparente o de cristal” que gradualmente ha ido surgiendo y desarrollándose como resultado de la revolución tecnológica y el advenimiento de la llamada “era digital”.

Bajo el título “La Estrategia Digital en Latinoamérica: agenda(s) digital(es) para la construcción de un país digital en la Sociedad del Conocimiento. Estudio comparado.” el proyecto tiene como objetivo explorar y analizar la elaboración y puesta en ejercicio de los planes de desarrollo digital implementados en cada uno de los países latinoamericanos, en pos de realizar un análisis comparativo del proyecto de país que, con miras a la Sociedad del Conocimiento, se encuentra contenido en los mismos, en sus metas, fines, modos de aplicación y resultados.

Para su puesta en práctica, tomamos como eje de análisis la noción de agenda digital, en tanto política pública para profundizar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en tanto eje impulsor del progreso de un país o región determinada. En este sentido, entendemos que la implementación de una agenda digital constituye una herramienta de gran importancia en la consecución del crecimiento y desarrollo -no sólo económico, sino también político y sociocultural- de la sociedad y en logro de una mayor igualdad e inclusión social. Partimos de la conceptualización de que la implementación de políticas públicas digitales, en tanto Políticas de Estado permiten modernizar el Estado y aumentar la transparencia del sector público; incrementar la competitividad nacional y reducir las diferencias regionales de desarrollo; aumentar la equidad, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades; optimizar la eficiencia de las políticas sociales y; enriquecer las diversas identidades culturales; entre otros aspectos.

Dicha investigación se enmarca, entonces, en el marco general de un nuevo tipo de sociedad -basado esencialmente en el intercambio de intangibles- originado en un importante proceso de innovaciones tecnológicas que, desde hace una década, han ido marcando, paulatinamente, el ingreso a una nueva Era de carácter digital. Ésta ha provocado cambios tan radicales como la reducción del tiempo y la quiebra de las distancias espaciales: el eje temporal y el eje espacial han sido profundamente alterados por la llegada de las nuevas tecnologías. Como afirma Henoch Aguiar, “el escenario internacional muestra la creciente relevancia asignada a las redes de conocimiento en el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas[2]. En otras palabras, la Sociedad del Conicimiento se estructura en base al surgimiento de nuevas tecnologías que modifican hábitos y costumbres; y se caracteriza fundamentalmente por la interacción continua, la conexión al instante y el flujo e intercambio inmediato de información.

El antiguo paradigma industrial ha dado paso, ahora, a un nuevo paradigma tecnológico-informativo caracterizado por dos expresiones específicas y esenciales que se fusionan e interactúan, complementándose: Internet -no sólo como tecnología, sino también como producción cultural- y el conocimiento. De este modo, la Revolución Digital y la resultante Revolución del Conocimiento han generado un quiebre que ha marcado el pasaje de la Era Industrial a la Era de la Sociedad del Conocimiento, en donde, en palabras de Henoch Aguiar, “el principal generador de valor económico es el saber, el valor agregado intelectual a las cosas y a las acciones (…) El desarrollo imparable de la informática y de las comunicaciones acelera la creación y difusión de conocimientos, impacta transversalmente en toda actividad, cambia las estructuras de las relaciones entre las personas, modifica las organizaciones y revoluciona estructuralmente el modo de crecimiento y competencia de las economías nacionales, reconfigurando el mapa mundial[3].

De acuerdo con Martín Becerra, nos encontramos ante un proceso social caracterizado por una progresiva importancia de “la información como insumo y proceso productivo[4], que se encuentra en pleno desarrollo. En dicho proceso, según Manuel Castells, “las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información[5]. Estas tecnologías han cambiado radicalmente los escenarios de acción; sin embargo no influyen, por sí solas, en las conductas de los hombres: el problema radica en el uso que se haga de ellas y en la manera en que se capacite a la sociedad para su uso y para que ésta desarrolle una efectiva participación en las cuestiones de carácter público.

Como sostiene Aguiar, esta nueva sociedad basada en el conocimiento nos brinda una ocasión única para hallar “una nueva estrategia de crecimiento de país, basada no en la riqueza de nuestra tierra, sino en la capacidad de nuestra gente, en la educación, en la creatividad, en el ingenio y la adaptabilidad de nuestros profesionales, en fortalezas intelectuales[6]. En este sentido, nos preguntamos acerca de ¿qué rol adquiere el Estado en tanto promotor de nuevas tecnologías?, ¿qué políticas digitales han puesto en marcha los Estados Latinoamericanos en los últimos años?, ¿cuál es el grado de acceso real que tienen los diversos sectores de la sociedad?, ¿cuál es nivel de participación que poseen los distintos actores sociales?, ¿cuál es el grado de digitalización y de adecuación de las TICS que poseen las diferentes sociedades latinoamericanas?

Teniendo en cuenta que este es el momento adecuado para dar “el salto cualitativo (…) para encontrar la equidad, el crecimiento y el bienestar[7] y siguiendo esta línea de interrogantes, la propuesta del proyecto de investigación apunta, entonces, a abordar las diversas estrategias desarrolladas por los distintos países de América Latina en materia de competitividad digital y realizar con ello un estudio comparativo, haciendo especial hincapié en el caso Argentino.

A continuación, analizaremos específicamente aquellas políticas digitales que se implementaron en Argentina, teniendo como ideal la ejecución de una agenda digital que englobe todos los aspectos vinculados a promover la digitalización, la inclusión, el acceso y la transparencia. El objeto de la presente exposición es reflexionar acerca de las políticas digitales que se están llevando a cabo en nuestro país a nivel nacional en tanto Políticas de Estado que conllevan un determinado proyecto de Nación con miras al desarrollo en la Sociedad del Conocimiento y cómo las mismas se articulan en un único documento o plan de acción: la Estrategia de Agenda Digital Argentina, aprobada por el Decreto N° 512/09 del PEN el pasado 7 de mayo. Asimismo, a nivel provincial abordaremos el caso paradigmático de la Agenda Digital de San Luis, provincia que de un tiempo a esta parte está siendo conocida como “la meca digital de Argentina”.

 

  1. ¿QUÉ ES UNA AGENDA DIGITAL?

Hay muchas formas para agrupar los requisitos de competitividad digital de un país[8]. La elaboración de una agenda digital nacional es una de esas formas.

Siguiendo la Declaración de Principios de la Primera Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), Ginebra 2003, entendemos por agenda digital la consecuencia de un esfuerzo conjunto de un grupo de trabajo multisectorial -conformado por instituciones de gobierno, organizaciones representativas del ámbito empresarial, sector académico y de otros poderes del Estado- resultante en un acuerdo público-privado sobre una estrategia-país, que contempla diversas iniciativas con el objetivo de contribuir al desarrollo mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios[9]. Como sostiene Aguiar, “el término agenda digital no debe ser entendido con un alcance restrictivo, como si fuera algo que concierne a un sector de la sociedad, porque se trata de un desafío mucho más grande, de un cambio de Era (que implica un nuevo sistema tecnológico, económico y social; y) que a nadie deja indiferente[10].

En este sentido, entendemos que la implementación de una agenda digital constituye un mecanismo de gran relevancia en la consecución del crecimiento y desarrollo -no sólo económico, sino también político y sociocultural- de la sociedad y en el logro de una mayor inclusión social e igualdad. Partimos, entonces, de la conceptualización de que la implementación de políticas públicas digitales, en tanto Políticas de Estado[11] permiten modernizar el Estado e incrementar la transparencia de la administración pública; aumentar la competitividad nacional y disminuir las diferencias regionales de desarrollo; acrecentar la equidad, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades; mejorar la eficiencia de las políticas sociales y; enriquecer las diversas identidades culturales; entre otros aspectos.

En otras palabras, una agenda digital constituye una política pública diseñada con el objeto de profundizar el desarrollo de las TICs como eje promotor del progreso de un país o región determinada[12].

Como afirma Aguiar, es necesario que cada nación elabore su propia agenda en pos de organizar las acciones a desplegar con el objetivo de incorporarse con éxito a la Era Digital. Siguiendo a este autor, dichas acciones pueden ordenarse en seis pilares principales, autónomos pero interrelacionados en un plan general. “Educación para la Sociedad del Conocimiento, inclusión a través de lo digital, desarrollo de la economía del conocimiento, legislación digital, gobierno electrónico y desarrollo intensivo de las comunicaciones (son) como las seis columnas de un templo griego: todas ellas indispensables para asegurar la estabilidad y permanencia de la nación digital, sede de la Sociedad del Conocimiento[13].

En este contexto, la educación, en tanto espacio de múltiples relaciones sociales en el cual se accede en forma compleja a un capital acumulado y que posee un papel esencial en la constitución de los sujetos sociales, adquiere una importancia primordial. El III Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad definió a la alfabetizacion digital como el proceso que se propone proporcionar “competencias dirigidas hacia las habilidades comunicativas, sentido crítico, mayores cotas de participación, capacidad de análisis de la información a la que accede el individuo[14]. Es decir, no sólo se busca enseñar a los ciudadanos a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas generando contenidos educativos que le permitan aprender fácilmente el uso de las herramientas sino que alfabetizar significa también transmitir los conocimientos tecnológicos de tal manera que los ciudadanos puedan analizar, interpretar y generar sus propias opiniones a partir de acceder a los contenidos que circulan por la red. El advenimiento de la Sociedad del Conocimiento y la consecuente mediación estructural de las tecnologías digitales en los procesos cognitivos nos exige con una urgencia cada vez mayor que incorporemos “la cultura del permanente intercambio con los demás, de informaciones, de conocimientos y de proyectos[15]. Siendo las escuelas lugares de intersección de redes y procesos de construcción de las subjetividades, las exigencias para lograr un desarrollo pleno con miras a la Sociedad del Conocimiento imponen un nuevo tipo de trabajo fundamentalmente asociativo, colaborativo y de co-construcción permanente donde, a partir de diversas prácticas de interpelación, los actores sociales[16] se constituyan como sujetos de educación activos. En suma, una nueva mirada de y desde la educación se vuelve imperativa, pues estas transformaciones evidencian “el pasaje de la centralidad cultural del sistema educativo a diversas formas de reforma del mismo y reubicación en un campo nuevo[17].

Por otra parte, la International Telecommunications Union define a la brecha digital como “la división entre países y personas en los países que tienen acceso real a la tecnología de información y comunicación (TICs) y la usan efectivamente, y los que no lo tienen[18]. Por tanto, para implementar una real democracia de las TICs es fundamental tener en cuenta el acceso que todo ciudadano debe tener a la infraestructura informática, es decir, la computadora, el acceso a la red y, consecuentemente, el acceso a los contenidos que en ella circulan. Como bien dice Alejandro Prince, la manera en la que se busque el objetivo es indiferente, algunos países promueven y subvencionan el acceso personal a las TICs, en tanto que otros buscan generar centros públicos de acceso.

Sin embargo, para garantizar un uso efectivo de las TICs, no basta con garantizar un acceso real a la infraestructura, ya que si pensamos que el objetivo final es la inclusión digital, habrá muchos ciudadanos que no sepan de qué manera utilizar estas nuevas herramientas digitales. Lo importante es incluir, entonces, por ejemplo, a las comunidades aborígenes, a los niños, a los ciudadanos de la tercera edad y a los ciudadanos de bajos recursos. Así, como afirma Michael Gurstein, “lo que cuenta es tener acceso, y con ese acceso, poseer los conocimientos, habilidades y estructuras de apoyo organizacionales y sociales para hacer un uso efectivo de la tecnología, para facilitar la concreción de los objetivos sociales y comunitarios[19].

Relacionado con esto último es que se entiende por gobierno electrónico al “uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz[20].

Asimismo, para fomentar e incrementar los flujos de la información y la comunicación y desarrollar la industria del software en el marco de una economía digital, se requiere de la participación activa del Estado en pos de promover la formación de técnicos TIC a partir de la implementación de un sólido sistema de financiamiento.

Finalmente, como consecuencia del advenimiento de este nuevo tipo de sociedad, el derecho -que no puede mantenerse ajeno a esta situación- debe reaccionar para adecuarse a la nueva realidad y brindar la estructura normativa pertinente a los cambios que se han suscitado. Como afirma Aguiar, “lo digital, la aparición de la Red de Redes plantea muchísimos desafíos, jurídicamente espinosos de resolver[21].

En suma, el papel de la Agenda Digital en Argentina debe ser el de guiar las próximas políticas para concretar un desarrollo autónomo y sustentable basado en la información y el conocimiento.

 

  1. LA ESTRATEGIA DE AGENDA DIGITAL ARGENTINA

3.1. Antecedentes

3.1.1. ¿Agenda Digital o Políticas Digitales?

Hasta este año nuestro país no se manejaba a nivel general en base al concepto de “Agenda Digital” del mismo modo que lo hacen desde hace algún tiempo países como Chile[22], sino que, de acuerdo al modo en que el gobierno se manejaba en las temáticas relacionadas con los asuntos anteriormente mencionados, consideramos que podemos hablar de “cuestiones” y de “políticas estatales” tal y como trabajan estos conceptos Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell.

Por ende, basándonos en el proceso que describen dichos autores, mediante el cual una cuestión se transforma en una política estatal, al tomar el Estado una posición respecto de la misma, podemos decir que, hasta principios de este año, el Estado argentino no hacía foco en una “Agenda Digital” sino en una diversidad de “Políticas Digitales” que, según la Lic. Andrea Caldararo, Directora de Contenidos de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, “todavía no tienen una acción coordinada y unificada a nivel nacional[23]. Asimismo, como afirmó Ricardo González Oro, de la Federación Argentina de Municipios, en la V Cumbre de Alcaldes “hay una difuminación de conceptos que no está clara en la actualidad. Están los términos informáticos, públicos, administrativos t políticos por diferentes vías. Es necesario ordenarlos (es necesario invertir la lógica reinante y) discutir la administración y las políticas, no la tecnología, eso ya está entre nosotros. Lo importante es que los términos de e-government o ciudades digitales no deben ser proyectos aislados de una comuna sino políticas de Estado que apunten a planes concretos con objetivos a corto, mediano y largo plazo[24].

Como consecuencia de ello, tanto la Nación como las provincias, ciudades y municipios han avanzado de forma desigual en el uso de las TICs desplegando experiencias disímiles de acuerdo a la priorización de determinadas problemáticas en particular[25]. En este proceso, el principal organismo de la administración pública dedicado a planificar y promover la difusión de las TICs en nuestro país ha sido el Programa para la Sociedad de la Información (PSI)[26], con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En suma, el proceso de formación de estas políticas digitales se ha ido dando a partir de ciertos problemas de interés general que el Estado ha ido considerando como lo suficientemente relevantes e indispensables de resolver[27]. La mayoría de los problemas que forman parte de las políticas digitales de este país están “respaldados por organizaciones poderosas y argumentos culturalmente significativos[28].

 

3.1.2. El rol de la sociedad civil en la consecución de una Agenda Digital

Desde hace más de cinco años que diversos actores sociales, entre los que se cuentan diferentes sectores de la sociedad como las universidades, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, los especialistas y el sector empresarial -algunas empresas privadas especializadas en tecnología y Cámaras del sector TIC (como CABASE, CESSI y CICOMRA)- han venido impulsando la elaboración de una agenda digital nacional que, desde una visión integral, contemple el objetivo primordial de la inserción de la Argentina en la Sociedad del Conocimiento a partir del diseño de acciones localizadas y específicas que conduzcan al desarrollo de la educación, a la inclusión digital, al desarrollo de la capacidad científica y tecnológica, al gobierno electrónico, a la modernización de la economía y a la adecuación regulatoria o normativa, entre otras cuestiones. Como afirma Susana Finkelevich, “la intervención de distintos sectores de la sociedad (…) es lo que puede eventualmente asegurar acceso y usos más equitativos a la Sociedad de la Información para todos los estratos sociales y no sólo “algunos”[29].

La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Córdoba, La Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de La Punta, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional y; universidades más pequeñas, que muestran características de avanzada como la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional General Sarmiento, el Instituto de Tecnología de Buenos Aires, la Universidad San Andrés y, la Universidad del Comahue; entre otras, son sólo algunas de las tantas casas de altos estudios que se han abocado al análisis de la temática y a su promoción[30].

Por otra parte, es menester destacar la labor de las redes de organizaciones digitales intersectoriales e interdisciplinarias, agrupadas muchas de ellas en la Red de ONGs Digitales de Argentina (RODAr)[31], cuya misión es la de “actuar precisamente como un vínculo entre las instituciones estatales, el sector científico, la sociedad civil y las empresas para lograr la implementación de la Agenda Digital que el país tanto necesita[32] en pos de que las TICs estén al servicio del desarrollo y la equidad; puesto que, aunque en nuestro país su desarrollo es incipiente, su avance es irrefrenable. Es notable la ausencia de las organizaciones gubernamentales entre los actores convocados para la puesta en práctica de este proyecto: las mismas no se cuentan como actores destacados, no por menospreciar su importancia, sino en tanto la red considera que éstas “todavía no son ágiles[33] ni están firmemente encaminadas a la consecución de acciones consensuadas y estratégicas que permitan el desarrollo en materia de tecnologías de la información, las comunicaciones y el conocimiento.

 

3.2. La Agenda Digital Argentina

3.2.1. La agenda y sus actores

El 7 de mayo del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el Decreto Nº 512/09 que aprueba el Documento Base de Estrategia de Agenda Digital Argentina, que establece la visión, la misión, los objetivos generales y un plan operativo para lograrlos, consistente en las áreas de acción, las iniciativas y metas correspondientes a cada una de dichas áreas -además de un glosario detallado de los términos considerados fundamentales en este nuevo campo de trabajo- de lo que se considera un “plan de mirada federal[34] o “estrategia nacional de inclusión digital y apropiación de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento[35].

El documento parte de la definición de “Agenda Digital” como un “camino, o plan nacional para la inclusión y apropiación por parte del gobierno, las instituciones y las personas de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC (…) Es un proceso (…)[36]. Es decir que la concibe como una decisión de carácter general que expresa los lineamientos políticos fundamentales y las prioridades que derivan de ellos, trazando el curso deseable y probable del desarrollo nacional a partir del diseño de programas y proyectos específicos -constituye el parámetro técnico-político dentro del cual éstos se enmarcan- para el ámbito de aplicación seleccionado. Empero, el documento considera que esta agenda es un “plan o proceso”, tomando ambos conceptos como sinónimos, cuando ellos lejos están de serlo en materia de planificación. De acuerdo con Ezequiel Ander-Egg, un plan constituye el grado inmediatamente inferior de una política -enunciado guía, de carácter macro-, que especifica el área de aplicación y el período concreto en el cual se va a intervenir; mientras que un proceso implica una actividad continua y unitaria que no finaliza con la mera formulación del plan, sino que se desarrolla de manera permanente e involucra la existencia de un organismo planificador que controle el plan y lo lleve a cabo. Es preciso que estos niveles operacionales de la planificación no sean confundidos, en pos de lograr una mayor claridad y efectividad en los cursos de acción a implementar con el propósito de alcanzar determinados objetivos, mediante un uso eficiente de los medios y recursos disponibles.

Asimismo, considera que se trata de “una construcción colaborativa, abierta y permanente[37], motivo por el cual sienta las bases para la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros, dirigido por el Secretario de Gabinete y Gestión Pública y, conformado por los representantes de los distintos Ministerios, de las cámaras empresarias del sector, del ámbito científico académico y de la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de mostrarse “abierto y plural”, el plan ha sido fuertemente criticado desde el mismo momento de su presentación por diversas construcciones comunitarias -tales como las ONGs relacionadas con el Software Libre, la Cultura Libre, Wikipedia y Wikimedia- y calificado de “sesgado y absolutamente empresarial[38]. De acuerdo con los detractores de esta propuesta, esto se debe a que en su proceso de elaboración hubo determinados sectores como “las cámaras del sector informático y de telecomunicaciones (que imprimieron su propia visión en el documento) y algunas ONGs de conocidos lazos con las mismas empresas del sector[39] que contaron con una “voz privilegiada” e impusieron su impronta empresarial en el documento[40]. Según Beatriz Busaniche, otras voces también relegadas del debate fueron los medios de comunicación comunitarios, las asociaciones y gremios docentes, los legisladores nacionales, así como numerosas administraciones provinciales y municipales. En suma, se evidencia una intención de desarrollar una estrategia operativa de planificación, caracterizada por la creación de un espacio de articulación multiactoral que, al momento, no tiene su correlato en la práctica sino que permanece como una mera declaración teórica de principios.

 

3.2.1. Objetivos, Misiones y Funciones: las bases de la (poco original pero nueva) estrategia

El mentado documento estipula, en primer lugar, que la agenda encuentra su punto de partida en una visión particular que sintetiza fundamentalmente los principios esenciales de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) elaborados el 2003 en Ginebra. En este sentido, practica una suerte de “reformulación” -que no dista mucho de la letra original de la Declaración de Principios y de la visión plasmada en las agendas digitales de Chile y Uruguay- por la cual entiende que el individuo se encuentra en el centro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y debe apuntarse a su desarrollo a través del uso de las TICs. En tanto se considera que estas últimas permiten “la mejora de la calidad de vida, la generación y transformación de los servicios que impulsen la competitividad, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la democratización de la información y del conocimiento y su producción, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural del país[41] desde la misión de la agenda digital se busca favorecer su uso y apropiación, así como los cambios sociales que se requieran en pos de su aprovechamiento. Como podemos observar, el foco está puesto, principalmente, en la cuestión educativa: en tanto se entiende que la Sociedad del Conocimiento no se apoya únicamente en las máquinas y la tecnología sino en las capacidades humanas, las políticas implementadas en este sentido buscan centrarse en la “puesta en valor del capital humano (…) en brindar competencias a las personas para apropiarse de la tecnología, mejorarla y actuar con ella[42].

Por otra parte, el alcance delimitado por el documento abarca a la totalidad del territorio nacional y a todos los actores y sectores sociales, en base a lo cual define su objetivo general: incrementar el acceso, la utilización y apropiación de las TICs como agente de desarrollo social, propiciar la producción local de bienes y servicios TIC, por medio del fortalecimiento institucional y la puesta en práctica de iniciativas estratégicas, con miras a aumentar y mejorar la participación de Argentina en la Sociedad de la Información y del Conocimiento y a situar al país como referente en la materia para América Latina y el Caribe. Más allá de ello y de ciertos lineamientos estratégicos -muy a grandes rasgos planteados-, es notable la ausencia de objetivos específicos a cumplimentar.

De acuerdo a estos fines, que definen un modelo general a alcanzar, el documento postula una metodología participativa, que fomente el diálogo y la co-construcción de consenso entre los diversos actores y sectores involucrados, y un monitoreo y evaluación correspondientes a sus distintos niveles de implementación. Sin embargo, más allá de estas declaraciones teóricas de voluntarismo participativo y de observación-monitoreo de la ejecución del plan y su ajuste ex-post, el texto no va más allá de la mera postulación de un ideal, pues del documento no se desprende acción concreta alguna que dé cuenta del modo de llevar estas cuestiones a la práctica; ni tampoco se han especificado estas cuestiones, así como otras tantas relacionadas con las metas a alcanzar y la forma de hacerlo -que veremos a continuación-, por parte del grupo de trabajo a cargo de llevar a cabo la agenda digital o de aquellos que se erigen como voceros de la misma.

 

3.2.2. Ejes de acción e iniciativas

De acuerdo con los objetivos planteados, el plan nacional presentado busca eliminar la brecha tecnológica, impulsar el desarrollo de los sectores vinculados a lo digital y posicionar a la Argentina en un lugar destacado en la Sociedad del Conocimiento. En consecuencia y, siguiendo varias de las propuestas realizadas por los sectores empresarios y unas pocas de las ONGs Digitales, la agenda nacional estipula la necesidad de encarar simultáneamente cinco ejes temáticos considerados como estratégicos y transversales: infraestructura y conectividad, contenidos y aplicaciones, capital humano, financiamiento y sostenibilidad y, marco legal.

El primer eje de acción, infraestructura y conectividad, apunta a desplegar y ampliar los niveles de conectividad por medio de iniciativas que permitan fortalecer las redes nacionales existentes, con miras a conectar entre sí diversas localidades en un marco de interoperabilidad y a través del uso de servicios Web de actores tanto públicos como privados. Es dable destacar el cuidado del medioambiente que se busca propiciar con estas medidas, en tanto se busca que los programas se orienten a un uso racional y responsable de la energía y de la disposición de los residuos electrónicos.

Contenidos y aplicaciones, el segundo eje destacado, precisa la imperiosidad de “desarrollar, alentar y fortalecer la producción de contenidos y aplicaciones locales que respondan a las necesidades específicas de los diversos actores y sectores del país[43], fundamentalmente a partir de la implementación de portales de información que favorezcan la interacción de los distintos actores políticos y sociales.

El tercer eje, capital humano, apunta al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos para el uso y generación de conocimiento sobre y por medio de TICs, trabajando intensivamente en las áreas de educación, alfabetización y capacitación. La actualización de las currículas y la formación de recursos humanos especializados en TICs son dos de las metas más relevantes a las que apuntan las iniciativas contenidas en este eje.

En cuarto lugar, la implementación de políticas solidarias para financiar el gasto e inversión en TICs que promuevan la inclusión social para paliar la brecha digital es el objetivo fundamental del eje financiamiento y sostenibilidad. Para ello, se busca fomentar políticas públicas que conformen una base de conocimiento en materia de TICs y estimular su uso en las pequeñas y micro-empresas, a través de adecuados planes de financiamiento.

Finalmente, un marco legal dinámico, flexible y contemple “el uso universal de las nuevas tecnologías[44] se postula como el elemento indispensable que atraviesa los ejes anteriores.

En suma, como mencionamos en un principio, directa e indirectamente, la mayoría de los ejes de acción apuntan fundamentalmente a fortalecer la cuestión educativa, en tanto la agenda considera que las transformaciones globales que han impactado en la sociedad, el gobierno y el mundo laboral, tienen un peso fundamental en la educación. “El volumen creciente de información disponible, el crecimiento exponencial del número de usuarios de Internet, la tendencia de los usuarios a apropiarse de la red y generar una voz pública como nunca antes en la historia de las sociedades son algunos de los rasgos que presenta el siglo XXI[45] -consideran quienes tuvieron a su cargo la presentación del plan presidencial. En este sentido, en la elaboración de gran parte de la agenda colaboraron varios representantes del Ministerio de Educación, en pos de articular las acciones diseñadas con las políticas educativas actualmente en marcha. De acuerdo con Laura Serra, Gerente del portal Educ.ar, la educación con TICs adquiere un nuevo sentido y se ve beneficiada con la existencia de un plan nacional que haga hincapié en cuestiones centrales y concretas como la conectividad, la digitalización de documentos y contenidos, la legislación, entre otras. De este modo, según los voceros presidenciales, “la agenda funciona reivindicando la tecnología como Política de Estado, instalando el tema en el imaginario social, legitimando contenidos y prácticas escolares[46].

Ahora bien, esta particular selección -la elección de estos ejes de acción y sus contenidos específicos- da cuenta de una determinada toma de posición teórica en el campo en cuestión, de una cosmovisión profundamente marcada por la Teoría del Capital Humano, cuyo supuesto base es considerar a la educación y la formación como una elección e inversión racional que los individuos realizan, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos[47].

Sin embargo, más allá de ésto, es menester destacar muchas de las metas planteadas dentro de las distintas áreas de acción, en tanto demuestran una preocupación e interés fehacientes en cuestiones tales como la interacción entre las instancias de gobierno local y la ciudadanía; el cuidado ambiental; la capacitación del total de la población -incluyendo a los funcionarios públicos- y no sólo de aquellos que se encuentran en situación de desventaja en materia de alfabetización digital y que habitualmente son caracterizados como los “sectores más pobres de la sociedad”; la preservación de los archivos históricos y del patrimonio documentado de la Nación; entre otras cuestiones. Ahora bien, dependerá de los métodos y actividades para su efectiva puesta en práctica la obtención de resultados que nos permitan hablar -o no- de la existencia de un viraje y un verdadero salto cualitativo en las políticas, ya no sólo digitales, sino de proyecto de país de una Nación que busca posicionarse en la Sociedad del Conocimiento con todo lo que ello implica.

 

  1. UN CASO PARADIGMÁTICO: LA AGENDA DIGITAL DE SAN LUIS

4.1 Una política de Estado: La agenda digital de San Luis

San Luis se encuentra atravesando un proceso histórico de transformación de su provincia signado, básicamente, por la revolución digital que está llevando a cabo, y que trae aparejada un aumento de la innovación, la productividad y el desarrollo de la región. “Es posible que no haya habido en el transcurso de la historia una ventana de oportunidad tan tangible, dada la magnitud del cambio paradigmático al que se enfrenta, para aprovechar la ocasión y cosechar los frutos de este cambio[48]. Parece ser que San Luis está, justamente, aprovechando proactivamente este momento de cambio de paradigma a nivel mundial.

Dicha provincia comenzó a desarrollar su política de impulso y masificación de las TICs en el año 1998 enmarcada en el Plan Agenda San Luis Digital. Éste contiene 235 iniciativas y tiene como objetivo primordial mejorar el desarrollo y la calidad de vida de la población sanluiseña.

El armado de dicho plan, que contempla una duración de 20 años, considera la tecnología como una herramienta para alcanzar la digitalización, lo cual permite un real desarrollo digital que introducirá a San Luis de manera definitiva en la sociedad de la información y en la economía digital.

El denominador común de todas las iniciativas digitales es bregar por la igualdad de oportunidades y la transparencia y eficiencia en el sector público. De este modo, la Agenda San Luis Digital realmente es un plan de una gran coherencia interna y, como se verá, la coherencia también se repite entre la teoría y su puesta en práctica.

Desde el ámbito gubernamental provincial se estimula constantemente el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías. Bajo el lema de “la tecnología le puede mejorar la calidad de vida a todos los sanluiseños[49], la administración provincial pone en práctica múltiples estrategias para lograr sus objetivos. El gobierno actúa conjuntamente con la Universidad de La Punta (ULP) que, a su vez, creó el Parque Informático donde actualmente realizan sus actividades 11 empresas de servicios vinculadas a la tecnología y que exportan productos.

Dentro de este marco, el 1° de octubre se llevó a cabo la tercera edición de una muestra tecnológica de gran envergadura conocida como “San Luis Digital”. La misma fue organizada de manera conjunta entre el gobierno provincial y la Universidad de la Punta, donde más de 80 empresas afines se hicieron presentes a la vez que cada uno de los ministerios provinciales expuso los avances al respecto de la las iniciativas digitales.

En suma, el gobierno puntano busca alcanzar un crecimiento sostenido, progresivo y democrático utilizando a las TICs como herramientas, aunque teniendo siempre en cuenta que éstas son un elemento necesario pero nunca suficiente para la consecución definitiva de dicho objetivo.

El mentado plan se inició en el año 1998 con la contratación del Ministerio de Industria de Canadá para que diseñase un Plan Maestro de la Autopista de la Información y, dos años más tarde, se llamó a licitación pública nacional e internacional con el objeto de generar una red de comunicaciones que pudiera llegar a todas las regiones de la provincia.

Recién en el 2001, el plan comenzó a ejecutarse a partir de la adjudicación a la Empresa NEC Argentina SA la confección de la Autopista de la Información, la red de banda ancha que llegara a todo el territorio provincial.

El objetivo de inclusión digital de la Autopista de la Información está contenido, por cierto, en el plan de la agenda digital. Ésta, en líneas generales, tiene como objetivo: “exportar productos con contenido tecnológico; tener una red densa de usuarios de Internet; más profesionales en ciencias e ingeniería; y conseguir una población con educación secundaria completa[50]. Asimismo, la agenda consta, básicamente, de seis ejes fundamentales dentro de los cuales se reparten las 235 iniciativas:

El primer eje es el de la infraestructura, donde se busca un incremento de la conectividad y el acceso; es decir, que todos los habitantes de la provincia tengan la posibilidad de acceder a Internet acortando así distancias espaciales y culturales.

El segundo eje se focaliza en torno al gobierno electrónico, donde se intenta que éste se desarrolle de la manera más integrada y transparente posible con el objeto de facilitar la resolución de problemas burocráticos a los ciudadanos así como también mejorar la gestión de empresas privadas, logrando que tanto la esfera pública como la privada tengan sus servicios digitalizados y permitan realizar trámites de manera on-line.

La tercera esfera de acción es la productiva, donde se busca incentivar la utilización de las nuevas tecnologías en las empresas para disminuir las distancias existentes entre las grandes empresas y las chicas y, a su vez, estimular el desarrollo del comercio electrónico en la provincia.

La capacitación y la educación conforman el cuarto eje de acción, que establece como meta que en el proceso escolar se utilicen las nuevas tecnologías, siendo las mismas consideradas como un elemento importante dentro del proceso educativo

La quinta esfera corresponde a la tecnología, donde se busca incrementar la industria de servicios tecnológicos globales para posicionar a la provincia como plataforma de este tipo de servicios.

La última esfera corresponde al marco legal que intenta, atravesando todos los ejes anteriores, darle un contexto de desarrollo legal a los avances de las nuevas tecnologías.

 

4.2 El gobierno puntano a la vanguardia de la implementación de la agenda digital

Bajo la premisa de incluir digitalmente a la población puntana y socializar conocimientos, podemos observar que la puesta en práctica de las iniciativas de la agenda digital, durante estos últimos dos años, se ha producido básicamente en tres ejes de los seis contenidos por la agenda digital: acceso y conectividad, digitalización y educación y capacitación.

 

4.2.1 Por una provincia verdaderamente equipada y conectada

La acción más importante vinculada a la inclusión digital es la implementación de conexión a Internet gratuita e inalámbrica (Wi Fi), en todos los pueblos de más de 20 habitantes.

El 10 de octubre de 2008 se presentó también la Ley VII -0635-2008- Régimen de Fomento Internet Inalámbrico WI-FI gratuito en toda la Provincia, gracias a la cual Municipios, comerciantes, bancos, e industrias podrán adquirir antenas WI- FI. Esta multiplicación de antenas de WI-FI redunda en un beneficio para todos los puntanos. Es importante destacar que la red que está conectada a la ULP desde donde se conectan los chicos tiene vedado el acceso a sitios para ellos nocivos.

Según el articulado de la ley, esta iniciativa esta destinada “a estimular e incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de acciones que permitan a los ciudadanos de nuestra provincia y a quienes nos visitan acceder de forma gratita a Internet Inalámbrica Wi-Fi[51].

Esta ley también permite que los empleados públicos y pasantes puedan acceder a créditos para la compra de computadoras con algunas facilidades, como ser: el pago en cuotas y un interés nulo de dichos créditos. El objetivo pactado para fines del 2009 es que la velocidad de conexión a Internet sea de 1 gigabyte.

El 21 de septiembre de 2009, la Agencia Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar anunció que fueron compradas más de 39.000 computadoras por parte de los trabajadores de la administración pública, siempre manteniendo la misma política en todo el radio de la provincia: en cuotas y sin interés. A su vez, los compradores reciben un bono fiscal equivalente al 50% de la compra en concepto de pago de impuestos, otra facilidad que se incluye dentro del plan de financiación. “En vez de pagar los impuestos, ponen antenas y nosotros les pagamos el impuesto automotor, de ingresos brutos y de la vivienda, y si no lo necesitan lo pueden transferir[52], afirmó el titular del Poder Ejecutivo Provincial.

 

4.2.2 Por un gobierno digitalmente transparente y eficiente

Dentro del eje llamado gobierno digital vale destacar toda la digitalización realizada del sistema de gobierno para lograr una mayor eficiencia y transparencia que redunde en una economización del tiempo de los ciudadanos. En otras palabras, se trata de una estrategia de gobierno que busca reemplazar los papeles por información digital.

Un gran avance vinculado al gobierno electrónico fue la puesta en funcionamiento de las herramientas necesarias que conforman la infraestructura para la firma digital, emitiendo, a su vez, el certificado raíz que validara los demás certificados.

La autoridad de aplicación de la Ley de Firma Digital de la provincia es la ULP, ya que fue la que emitió el certificado raíz que la amerita a otorgar las licencias que habilitan a certificadores y a emitir los “certificados de clave pública”, indispensables para poder corroborar la veracidad de las firmas digitales.

En un mundo digital tan desregulado y azaroso, resulta de gran importancia su regulación para generar confianza y seguridad en el espacio a través de poder saber a ciencia cierta la autoría de los documentos digitales. Al poder certificar con una firma el emisor de los correos electrónicos, transacciones comerciales digitales y la integridad de documentos varios, se cierra, para San Luis, un capítulo de incertidumbre que reinaba en la red. Como afirma Alicia Bañuelos, rectora de la ULP “Será válida si yo puedo certificar quién lo envía y en carácter de qué lo envía[53].

Los organismos de justicia y el Tribunal de Penas de San Luis ya se encuentran en vías de utilización de esta nueva herramienta, mediante la cual los abogados podrán, por ejemplo, enviar sus escritos firmados digitalmente con la misma validez que la que tenía el papel.

Yendo por este camino, el próximo objetivo es, según declaró la rectora de la ULP, la introducción de un chip en el documento de identidad de cada uno de los sanluiseños para que puedan emitir su firma digital.

A nivel legal, la firma digital está enmarcada dentro de la Ley de Firma Digital de la provincia que se sancionó de manera conjunta con la Ley N° 25.506/01 de Firma Digital Nacional. En el mismo sentido, se los especialistas encuentran trabajando, a su vez, en el desarrollo de la historia clínica digital y el seguimiento vehicular. Respecto de este último, ya se están realizando pruebas experimentales. La iniciativa llamada “Mi próximo colectivo” consta de un dispositivo GPS que se instala en los colectivos y permite, tanto a los usuarios como a las empresas de transportes y al gobierno provincial, saber dónde se encuentran los diversos colectivos y a qué velocidad van, entre muchos otros datos.

 

4.2.3 Una estrategia para alcanzar el desarrollo equitativo en educación

El eje de capacitación y educación en TICs es el más desarrollado por el gobierno de San Luis. Uno de los programas más importantes es “Todos los chicos en la red”. La idea contempla, esencialmente, que cada niño posea una computadora con un software de apoyo escolar. Esta meta, que lleva el nombre de “modelo 1 x 1”, se está implementando en las diversas regiones de San Luis desde agosto de 2008.

La administración que encabeza Alberto Rodríguez Saa lleva entregados, hasta el momento, 5.300 equipos a chicos de escuelas primarias y a 422 educadores en 28 localidades. Todos poseen conexión gratuita a Internet a través del sistema WI-Fi, anteriormente señalado.

El gobierno provincial también lleva a cabo el programa de “Alfabetización y actualización digital”, a través del cual brinda cursos para las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales. Ya se capacitaron, también, el 82% de los docentes de la provincia, no sólo respecto de la utilización de las TICs sino también en la actualización de materias ejes, como ser matemática y ciencias naturales.

Desde el gobierno sanluiseño se trabaja con la noción de “nativos digitales” considerando que los niños deben acceder a una computadora antes de los 6 años. Por su parte, la rectora de la ULP afirmó al respecto: “estamos empeñados en que San Luis tenga la mejor educación del país[54].

La gestión de Rodríguez Saa apuesta fuertemente a la inversión en tecnología en el área educativa con la fuerte convicción que ésta repercute positivamente en la educación de los alumnos. El impacto de la inserción tecnológica en el ámbito escolar tampoco queda librado al azar: el gobierno realiza un monitoreo permanente para evaluar los resultados. Una de las mediciones evidencia que, mediante el uso de la computadora, los alumnos mejoraron su rendimiento en la materia lengua en un 10%.

San Luis aborda no sólo las diferencias socioeconómicas sino también las etáreas, considerando relevante también la inclusión de adultos y personas de la tercera edad en la Era Digital. El gobierno puso en marcha las iniciativas: “Abuelos en red” y “Abuelos bloggeros” dirigidos a la tercera edad. A su vez, en los dos últimos años se inauguraron 56 centros de inclusión digital, con el objetivo fundamental de que los adultos puedan reinsertarse en el aparato escolar y se inserten en el digital. Alicia Bañuelos, al respecto señaló: “En San Luis se invierte para que, por ejemplo, los padres de los chicos que hoy cuentan con su computadora también puedan seguir estudiando. Aquí se construye y eso nos diferencia de otros proyectos[55]. Las estrategias de inclusión digital, entonces, incluyen iniciativas para todos los sectores de la sociedad puntana integrando, a su vez, la educación con el acceso a las TICs.

 

  1. UNA MISMA NACIÓN, DOS AGENDAS DIFERENTES: MUNDOS DIVERGENTES PERO COEXISTENTES

Retomando los lineamientos planteados al inicio del presente trabajo y, en particular, las nociones de Ander-Egg, puede decirse que, si bien a nivel nacional con la sanción del Decreto N° 512/09 Argentina recién está comenzando un esbozo de plan digital -donde trata de articular e integrar las políticas digitales actualmente en vigencia con los nuevos lineamientos nacionales-, en la provincia de San Luis lo digital constituye efectivamente una Política de Estado contenida en plan concreto de Agenda Digital desde hace tiempo ya. Y esto marca una diferencia casi abismal entre el desarrollo de lo digital entre los niveles nacional y provincial.

En primer lugar, nuestro país recién inició este año el proceso de integrar sus políticas digitales, antes concebidas como políticas concretas en pos de dar solución a determinadas cuestiones consideradas fundamentales para la sociedad, pero dispersas en cuanto a sus posibles niveles de articulación (es ejemplo de ello la profunda desvinculación existente en las políticas desarrolladas en torno a la protección de los datos personales, los delitos informáticos y la firma digital, entre otros temas). En otras palabras, la agenda se encuentra aún “en pañales” y no nos es posible, entonces, realizar un estudio de las iniciativas efectivamente implementadas y del accionar del Grupo de Trabajo Multisectorial.

En segundo lugar, las características generales de la agenda y los planteos en ella contenidos, generan que la misma sea considerada, más que como la condensación de una planificación proyectiva[56] con miras a la transformación de nuestro país en materia digital con miras a la inclusión en la Sociedad del Conocimiento, como una mera declaración de principios, como un ideal futuro al cual la Argentina debería arribar. La agenda carece fundamentalmente de un nivel de concreción del programa de acción delineado en proyectos específicos con actividades interrelacionadas y coordinadas entre sí que se encuentren contenidas en programas coherentes e integrados, los cuales permitirían operacionalizar el plan mediante la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos para un período de tiempo determinado. La falta de periodización y de un análisis de viabilidad y factibilidad son otra de las grandes carencias de dicho documento. Esto redunda, asimismo, en la falta de datos estadísticos certeros acerca de la situación actual de nuestro país en materia de políticas digitales y en la consecuente ausencia de los niveles deseables a alcanzar.

Otra cuestión de gran relevancia es la relacionada con la participación de los distintos actores sociales y políticos no sólo en el diseño del plan, sino también en su puesta en práctica. Más allá de las meras declaraciones contenidas en el documento y en los discursos del Ejecutivo y sus voceros respecto de la agenda, en el momento de la acción, del debate y de la toma de decisiones, la realidad es totalmente otra: una participación desigual y una visión sesgada de la situación social nacional caracteriza gran parte del mentado documento. Mientras que las empresas privadas especializadas en TICs, las cámaras del sector empresario y ciertos actores del sector político han tenido una gran injerencia en el sistema de decisiones, muchos sectores de la sociedad civil quedaron relegados de dicha instancia. En este sentido, se pone de relieve la existencia de niveles de participación disímiles y muy marcados: como afirman Mario Robirosa, Graciela Cardarelli y Antonio Lapalma, no es lo mismo formar parte que tener parte y tomar parte[57]. Mientras unos pueden brindar su opinión y tomar decisiones, a otros muchos sólo “les toca” recibir la información, y nada más…

En este sentido, a diferencia de la iniciativa nacional, San Luis se encuentra atravesando un proceso continuo de implementación de su plan de agenda digital. Durante los últimos tres años y, a través de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la Universidad de la Punta, con la colaboración del sector privado, se implementaron numerosos programas y proyectos enmarcados dentro del Plan macro de agenda digital y se dinamizó notablemente el sector. Podemos afirmar que existe aquí una clara decisión política, pro-actividad y definición por parte de la administración provincial. El objetivo general de la provincia puntana es claro: lograr un desarrollo socio-económico a través del desarrollo de las TICs. Esto comprende, a grandes rasgos, la implantación de programas educativos en las escuelas, el ofrecimiento de diversos servicios a los ciudadanos y la facilitación del acceso a las TICS y a las diversas informaciones gubernamentales.

Este grado de avance en la práctica se traduce en cifras concretas: San Luis tiene actualmente un 67,3% de penetración de Internet, 77 localidades poseen Wi-Fi gratuito y un 69% de los hogares poseen, al menos, una computadora. El precepto de inclusión digital ha crecido de manera asombrosa. Vale aclarar que el Gobierno provincial lleva invertidos más de u$s100 millones en conectividad y equipos, por nombrar algunas cifras: la implementación de la Autopista de la Información tuvo un costo de u$s81 millones y $76 millones fueron invertidos para que la conexión Wi Fi llegase a todos los pueblos, incluyendo a los de más de 20 habitantes. Por otra parte, los planes de subvención respecto a las compras de computadoras, a partir de la concesión de créditos por el 50% del valor real de las mismas, forman parte de las facilidades otorgadas por el gobierno que, en los últimos dos años, han redundado en el aumento de más del 30% respecto de los hogares con computadora. Esto permite dar cuenta del papel proactivo que tiene el gobierno provincial, ofreciendo diversas maneras para que la población pueda incluirse digitalmente. En este escenario continuamente cambiante donde predomina una sobreabundancia de información y de conocimiento, el gobierno de San Luis entiende que el foco hay que ponerlo en la capacitación digital de las camadas jóvenes y su vinculación con las nuevas tecnologías. “Tenemos un plan a 20 años que tiene por objetivo exportar más productos de contenido tecnológico, tener una red densa de usuarios de Internet, mas profesionales dedicados a ingeniera y ciencia y sobre todo, la mayor parte de nuestra población con estudios secundarios completos y las habilidades que necesitan para enfrentar el futuro[58], afirmó la rectora de la ULP.

Este desarrollo sostenido hace que San Luis se encuentre a la vanguardia de la Era Digital a nivel nacional y que sea, de manera simultanea, estudiada a nivel internacional. Lo cual es paradigmático, ya que la provincia dispone sólo del 1% del presupuesto nacional para llevar a acabo estas políticas, uno de los presupuestos provinciales más bajos de la Argentina. Como consecuencia de ello, es dable pensar que las empresas privadas no se ven atraídas en invertir en una región que no les resulta rentable. San Luis tiene tan sólo 400.000 habitantes, sin embargo, el Estado provincial con una casi inexistente ayuda nacional, genera y pone en práctica múltiples proyectos para que el objetivo vinculado a lo digital sea posible.

San Luis progresa, de manera continua, insertándose en la sociedad del conocimiento sin miedos ni titubeos. Las TICs en dicha región avanzan cada vez más y más rápido, para que, en poco tiempo, estén realmente al alcance de todos. El gobierno local es el promotor y actor involucrado más importante: diagnostica, planifica, pone en práctica y monitorea resultados. Aquí radica la gran diferencia que encontramos respecto de la Agenda nacional que expone y propone pero no va más allá -hasta el momento-. Seria entonces muy provecho, para todos los ciudadanos argentinos, que la agenda nacional comenzase a traducirse en acciones y que se transformara, por tanto, realmente en una política de Estado.

 

  1. A MODO DE CIERRE

Los gobiernos electrónicos son espejos de los gobiernos reales: lo que funciona mal en la tangibilidad de las organizaciones no tendrá un resultado feliz en el campo de lo virtual. Un buen gobierno puede tener un buen o mal gobierno electrónico o no tenerlo en absoluto; pero un mal gobierno jamás podrá tener un buen gobierno electrónico[59].

 

Si entendemos que Argentina se define como un país federal en el cual las provincias, si bien se rigen por una Constitución Nacional, no pierden por ello su autonomía y su poder de decisión, no nos debería sorprender que la provincia de San Luis se haya ubicado a la vanguardia del desarrollo digital[60].

Ahora bien, si cada provincia tiene su propia autonomía, ¿de qué sirve, entonces, generar un plan de agenda digital a nivel nacional? La respuesta es clara: la agenda digital nacional debería desarrollarse e implementarse en aquellas regiones de la Argentina que no puedan ejecutar, por sí solas, los cambios estratégicos vinculados a la inclusión y el acceso de las nuevas tecnologías.

En este sentido, la provincia de San Luis no debería estar continuamente remarcando el escaso porcentaje del presupuesto nacional que obtiene para la ejecución de la agenda digital. Es muy meritorio que las provincias que se encuentran bien posicionadas a nivel económico puedan desarrollar estos planes digitales independientemente de la ayuda nacional que debería direccionarse hacia las regiones del país de menos recursos.

Vale remarcar que las agendas descriptas en los apartados anteriores poseen objetivos y metas similares, y siguen, también, los lineamientos de estipulados en las agendas de Chile, Perú y Uruguay, entre otras. Sin embargo, lo interesante no son tanto sus coincidencias como sus divergencias y disparidades.

La estrategia de San Luis resalta a todas luces por sobre la iniciativa nacional, debido a numerosas cuestiones.

En primer lugar, fue planificada hace exactamente once años. En su nacimiento, no se abrieron todos los frentes de acción al mismo tiempo sino que, se priorizó el eje de la inclusión digital creando en dicho año la Autopista de la Información. En segundo lugar, la puesta en práctica de la agenda llama la atención no solamente a nivel nacional sino también internacional. Las diversas metas propuestas se materializando año a año. Por último, otro punto importante a resaltar concatenado a los dos anteriores .es la cuantificación y el monitoreo constantes que realiza el gobierno provincial sobre cada una de las metas propuestas la única manera de ver realmente cuáles acciones se van materializando en hechos y cómo la provincia evoluciona hacia la inclusión digital.

Respecto de la agenda digital Argentina nos llaman la atención, básicamente, dos cuestiones: la primera es que se haya considerado el plan digital como un punto de llegada y no como un punto de partida para comenzar a generar estrategias que realmente produzcan una inclusión digital nacional. Una segunda característica a señalar es la manera sesgada y empresarial con la que está redactado el documento base. Numerosos actores sociales, desde ONGs hasta legisladores nacionales, intentaron formar parte de la redacción pero no pudieron, sólo tuvieron voz aquellos vinculados al sector empresarial, aquellos que ven en esta agenda una forma de desarrollar su propio negocio.

La tendencia mundial del sistema actual está signada por el siguiente paradigma: para lograr el crecimiento de un país – económico y sus repercusiones a nivel social, educativo y cultural, el país debe formar parte de la era digital, debe estar incluido –también- de manera digital. Esto es sabido por todos. Por tanto, muchos países ya tienen el documento base de su “agenda digital nacional”. Ahora bien, que un país tenga los lineamientos de una agenda digital sin ponerla en marcha resulta tan poco eficaz como que una persona tenga una computadora y no sepa como usarla. Esto sucede con la agenda digital de Argentina hoy. Nos jactamos de tener el documento base sobre la agenda digital, que no deja de ser, sin embargo, tan sólo una mera enunciación. Una agenda debe estar signada por objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por metas. Y lo más importante: por los resultados que son, en definitiva, la materialización de los objetivos, acciones concretas que redundan en un beneficio para los ciudadanos, el objetivo final de toda agenda digital.

 

NOTAS

[1]Velocidad y cambio son notas características del mundo actual (…)La loca carrera de la pequeña Alicia detrás del Conejo en la historia infantil narrada por Lewis Carroll hacia 1865, enuncia una misteriosa ley que paradójica y proféticamente regirá más de cien años después nuestra cruda adultez (…)”. REGGINI, Horacio C. “Palabras de apertura” Encuentros académicos. Formación de Ingenieros en la Argentina. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería, Universidad Católica Argentina. Buenos Aires, 11 de agosto de 2004. Disponible en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_20/a_7893/7893.html

[2] AGUIAR, Henoch. “Introducción”, en El futuro no espera. Políticas para desarrollar la Sociedad del Conocimiento. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2007. Pág. 13.

[3] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 17 y 21.

[4] BECERRA, Martín. Sociedad de la Información: proyecto, convergencia, divergencia. Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2003.

[5] CASTELLS, Manuel. Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica. Cataluña, 2001. En Unidad 1. Legislación Comparada. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – UBA, 2007. Pág. 7.

[6] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 27.

[7] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 20.

[8] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 34.

[9] http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html

[10] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 34 y 35.

[11] Entendemos el concepto de Política de Estado en tanto “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención interés o movilización de otros actores en la sociedad civil”. En este sentido, la agenda de un país se forma a partir de innumerables problemas que afectan a un cierto número de personas y, que fluyen cotidianamente hacia el gobierno en busca de solución. Asimismo, de acuerdo con Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell, la noción de cuestión remite a “asuntos (necesidades, demandas) <<socialmente problematizados>>. Toda cuestión atraviesa un <<ciclo vital>> que se extiende desde su problematización social hasta su resolución. A lo largo de este proceso, diferentes actores afectados positiva o negativamente por el surgimiento y desarrollo de la cuestión, toman posición frente a la misma” (OSZLAK, Oscar y O’DONNELL, Guillermo Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. En Unidad 1. Políticas y Planificación de la Comunicación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 113.) Al igual que para dichos autores (que analizan el Estado Latinoamericano), en nuestro caso y para la perspectiva adoptada en este trabajo, interesan especialmente aquellas cuestiones respecto de las cuales el Estado también toma posición.

[12] Es menester destacar que consideramos el concepto de desarrollo no como una noción directamente asociada a las ideas de crecimiento económico y progreso, como se pensaba hasta no hace mucho tiempo atrás-: “venía de arriba hacia abajo, partía de modelos relativamente inflexibles y de estrategias uniformes, estaba ligado a intervenciones económicas […] trazadas por los propios organismos de financiamiento y se preocupaban más por la difusión y la modernización a ultranza, que por la participación activa de la sociedad” (REY, G. Los densos tejidos de lo simbólico. América Latina en las relaciones entre cultura y desarrollo. Ponencia presentada en las Jornadas de Cultura y Desarrollo. Fundación Aloban. Pamplona (España). Noviembre 2006. En Unidad 1.Taller Anual de la Orientación en Políticas y Planificación de la Comunicación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 55.); sino como un discurso socialmente elaborado, que posee “una imaginación sociopolítica y que es construido como una invención históricamente singular” (REY, G. Op. Cit. Pág. 56.) y que debe ser repensado desde un paradigma diferente, más acorde a la situación real de pobreza, desempleo, exclusión y marginación que se vive actualmente en la mayoría de los países de América Latina. Esta posibilidad de reelaboración del concepto permite que los procesos culturales se transformen en los contextos a partir de los cuales se construyen y negocian los rumbos del mentado desarrollo. De este modo, como sostiene José Luis Coraggio, es posible desarrollar una nueva mirada, en la cual los agentes económicos no sean separados de sus identidades sociales, ni de su historia y su inserción en el mundo simbólico e institucional llamado cultura.

[13] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 15 y 35.

[14] www.cibersociedad.net

[15] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 31.

[16] Entendiendo el concepto de actor social en términos de Mario Robirosa, como: “ese ‘otro’ con que nos topamos en una relación de interacción. Puede ser un individuo, un grupo, una organización o una institución de cualquier tipo – una empresa, un organismo de gobierno, una organización de la comunidad, etc.-. Lo que caracteriza o identifica a un actor social es su posición particular dentro de un escenario, su papel o rol –lo que hace o podría hacer en él- y sus propósitos e intereses respecto de ese escenario o lo que se procesa (ocurre) en él”. ROBIROSA, Mario. “Articulación, negociación, concertación” en Acto Social, Año V, Nº 16, 1996. Pág. 1.

[17] CARLI, Sandra. “Pensar la educación. Dilemas del presente y conceptos disponibles” en Revista Tram(p)as de la Comunicación, Investigación en Comunicación y Educación. Límites, alcances y perspectivas. Año 3, N° 29, septiembre 2004, pp. 44-51. Facultad de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata. Ed. Periodismo y Comunicación. Pág. 2.

[18] Bridges.org, 2001, citado en The DOT Force ann the Digital Divide, J. Nathan Parham and Su-Yong Song, The University of Michigan –Ann Arbor, School of Information, “Global E-Commerce”, http://cavaja.com/final.pdf

[19] GURSTEIN, Michael. “Uso efectivo: una estrategia informática para la comunidad más allá de la brecha digital”, en FINQUELEVICH, Susana. Desarrollo local en la Sociedad de la Información. Municipios e Internet. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2005. Pág. 113.

[20] UNESCO. Gobernabilidad Electrónica. Fortalecimiento de las capacidades de la gobernabilidad electrónica. El Proyecto de Gobernabilidad Electrónica en Latinoamérica, África y el Caribe, se firmó con la intención de promover el uso de las TIC’s en las municipalidades, tratando de conseguir, de esta manera, una mejora en la gobernabilidad local. http://portal.unesco.org/ci/en/files/14896/11412266495e-governance.pdf/e-governance.pdf

[21] AGUIAR, Henoch. Op. Cit. Pág. 48.

[22] El gobierno de este país hace desde hace más de 6 años un uso explícito del término “Agenda Digital” y, en base a este concepto, elabora sus políticas digitales de manera ordenada y pública. Chile tiene una página en Internet en la cual el actual gobierno de Michelle Bachelet explica su agenda digital, en tanto política pública para profundizar el desarrollo de las TICs como una plataforma para el progreso, -iniciada en 2003 bajo el nombre de Agenda Digital y que en la actualidad se concibe como una Estrategia Digital a ser culminada hacia 2012-, publica periódicamente artículos al respecto y, abre la posibilidad a la ciudadanía de opinar sobre los proyectos en cuestión. Esta estrategia-país tiene como objetivo “contribuir al desarrollo de Chile mediante el empleo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para incrementar la competitividad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad de vida y la eficiencia y transparencia del sector público, enriqueciendo al mismo tiempo la identidad cultural de la Nación y de sus pueblos originarios. Las TIC no son un fin en sí mismas. Son instrumentos para modernizar el Estado, incrementar la productividad y acortar las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las políticas sociales, disminuir las disparidades regionales de desarrollo y aumentar la equidad. De esta forma, la Agenda Digital busca poner a las TIC al servicio de estos objetivos nacionales”. http://www.estrategiadigital.gob.cl/

[23] http://www.pyp-uba.com.ar/news16/news16.htm

[24] Hacia las ciudades digitales pensadas como política de Estado. Diario La Capital, Mar del Plata, 3 de Septiembre de 2009. Disponible en: http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2009/09/03/119752.htm (El subrayado es nuestro).

[25] Entre las múltiples acciones que el Estado ha implementado en materia de políticas digitales estos últimos años, podemos destacar una serie de normas relacionadas con la prestación de servicios de Internet, donde las definiciones políticas relacionadas con estas temáticas ampliaron luego su alcance para abordar temas sociales, de contenidos, y económicos. Entre las primeras podemos destacar el Decreto N° 62/90 PEN. Pliego de bases y condiciones para la prestación de servicios telefónicos (que estableció un doble régimen para el servicio de acceso a Internet: la salida al exterior en régimen de exclusividad y la libre competencia en el ámbito nacional); las Resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones N° 81/96, 94/96 y 194/96 (con la intención de regular la prestación del servicio de enlace, las condiciones en las que deben proveerse los vínculos internacionales y, los requisitos que deben cumplir las empresas que brindan Internet en el ámbito local); el Decreto N° 554/97 (que declaró de interés nacional para todos los habitantes del territorio argentino el acceso a Internet); la Resolución N° 2132/97 (por el cual la Secretaría de Comunicaciones convocó a la Primera Audiencia Pública sobre Internet, especificando los que tres componentes básicos del problema de Internet en la Argentina a ser tratados eran el ancho de banda disponible, el tráfico de usuarios y, el equipamiento del cliente y el servidor); el Decreto N° 1279/97 (que extendió la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión al servicio de Internet); la Resolución 499/98 Características de la modalidad de facturación para INTERNET 0610 (que aprobó la tarifa y modalidad “Llamada Internet”); el Decreto N° 764/00 de Desregulación de Servicios de Telecomunicaciones; el Decreto N° 558/08 de Reglamento General de Servicio Universal. A estas normas se sumaron, luego, la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales; la Ley Nº 25.506/01 de Firma Digital; la Ley N° 25.690/03 de Proveedores de Internet. Software de protección de acceso a ciertos sitios; el Decreto N° 378/05 Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico; la Ley N° 26.388/08 de Delitos Informáticos. Para mayor información, ver los considerandos del Decreto N° 512/09.

[26] Dependiente primero de la Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva y luego de la Secretaria de Comunicaciones, este órgano tiene como objetivo la elaboración de políticas y proyectos necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios mediante la utilización de procesos informáticos. “El PSI es una iniciativa a nivel nacional y está organizado por proyectos que se proponen fomentar el desarrollo tecnológico en diferentes áreas (facilitar el uso de Internet, promover el desarrollo de las TICs en la gestión pública nacional y local, poner a disposición del sector académico y científico una red de alta velocidad para la transmisión de datos, e incentivar la informatización de la sociedad con sentido de equidad social y geográfica), con el fin de lograr que los beneficios de la Sociedad de la Información lleguen a todos los habitantes del país” (IBÁÑEZ, Rubén Darío y FAZIO, María Eugenia. Informe preliminar del observatorio argentino sobre iniciativas para la difusión social de las TICs. Proyecto OLISTICA. Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las TIC para la Acción. Disponible en: http://www.funredes.org/olistica/documentos/doc4/)

[27] ELMIGER, María Belén y GÜIDA, María Clara. Sudáfrica: Políticas Digitales en la Sociedad del Conocimiento. Buenos Aires, 2006. Disponible en: http://www.catedrasaguiar.com.ar/

[28] AGUILAR VILLANUEVA, L. “Estudio Introductorio”. En El estudio de las políticas públicas. En Unidad 3. Teorías del Estado y la Planificación. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A. Pág. 5.

[29] URANGA, Victoria. “Susana Finquelievich: No hay brecha digital” en Mujeres en conexión Chile. 15 de Diciembre de 2008. Disponible en: http://www.mujeresenconexion.org/?q=node/165

[30] De acuerdo con la investigación Las Universidades Argentinas en la Sociedad del Conocimiento llevada a cabo por Susana Finkelevich y Alejandro Prince, a partir de un estudio realizado por la consultora Prince & Cooke, en general, “las universidades públicas están más avanzadas que las privadas en el uso de las TICs y en la adopción de innovaciones tecnológicas” (“Universidades argentinas y nuevas tecnologías, en la Sociedad del Conocimiento” en Educación y TIC. Educ.ar. Disponible en: http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/inclusion-digital/universidades-argentinas-y-nuevas-tecnologias-en-la-sociedad-del-conocimiento.php).

[31] Esta red define como Organizaciones de la Sociedad Civil Digitales a “aquellas fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias y otras organizaciones sin fines de lucro, locales, nacionales y/o internacionales, que tienen fines o actividades principales con un alto compromiso con el desarrollo integral de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y sus distintos temas, como brecha digital, nueva economía, industria TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), gobierno electrónico, democracia digital, entre otros” (http://www.rodargentina.net/fundamentos.php). Reúne entre sus miembros a diversas OSCs, tales como la Asociación Civil Actuar, la Asociación Civil Links, el Centro Redes, la Sociedad de la información para las Américas, la Fundación Iberamericana de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones (FITIC), la Fundación Compañía Social EQUIDAD, la Fundación Evolución, el Instituto Tecnología y Desarrollo (Fundación Gestión y Desarrollo) y, la Fundación Digital, entre otras.

[32] URANGA, Victoria. Op. Cit.

[33] URANGA, Victoria. Op. Cit.

[34] “Presentación de la Agenda Digital Argentina en la Casa de Gobierno” en Argentina.ar. 8 de Mayo de 2009. Disponible en: http://www.argentina.ar/_es/pais/C1904-presentan-la-agenda-digital-argentina.php

[35] “Agenda Digital Argentina” en Noticias CLAD. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Disponible en: http://www.clad.org.ve/noticias/agenda-digital-argentina-1

[36] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 2.

[37] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 2.

[38] BUSANICHE, Beatriz. “Las sillas vacías de la Agenda Digital Argentina” en CanalAR. Tecnología a diario. 18 de Junio de 2009. Disponible en: http://www.canal-ar.com.ar/Noticias/Noticiamuestra.asp?Id=7513

[39] BUSANICHE, Beatriz. Op. Cit.

[40] Esta cuestión se evidencia en ciertos apartados del documento, como ser en aquellos donde, en vez de hacer hincapié en la “producción cultural argentina” ésta se limita a “la producción de la industria de contenidos” -omitiendo totalmente que la cultura no se produce únicamente en el entorno industrial- y; donde se considera “población activa” en la materia sólo a aquellos sujetos que “trabajan en empresas que ofrecen productos y servicios informáticos”.

[41] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 4.

[42] EDUC.AR. Pensar el país: Agenda Digital Argentina. Disponible en: http://portal.educ.ar/debates/sociedad/brecha-digital/pensar-el-pais-agenda-digital.php

[43] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 24.

[44] Estrategia de Agenda Digital Argentina. Documento Base. Pág. 26.

[45] EDUC.AR. Op. Cit.

[46] EDUC.AR. Op. Cit.

[47] “La Teoría del Capital Humano, haciendo uso de microfundamentos, considera que el agente económico (individuo) en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación (seguir estudiando o no) arbitra, entre los beneficios que obtendrá en el futuro si sigue formándose y los costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad -salario que deja de percibir por estar estudiando- y los costos directos -gastos de estudios). Seguirá estudiando si el valor actualizado neto de los costos y de las ventajas es positivo. En efecto, como se puede apreciar la Teoría del Capital Humano considera que el agente económico tiene un comportamiento racional, invierte para sí mismo y esa inversión se realiza en base a un cálculo.” (DESTINOBLES, André Geráld. El Capital Humano en las Teorías del crecimiento económico. Textos Universitarios, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México, 2006. Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2006a/agd/1c.htm )

[48] KOSACOFF, 2008: Pág. 15.

[49] http://blog.guiasenior.com/archives/2009/08/tecno-san-luis-digital-2009.html

[50] http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=4595-D-2009

[51] http://www.rentas.sanluis.gov.ar/…/2008/…/LEY_VIII_0635_2008.pdf

[52] http://www.albertorodriguezsaa.com.ar/ARS/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=1&InfoPrensaId=133

[53] http://www.sanluis.gov.ar/sl/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=10&InfoPrensaId=2980

[54] ttp://www.sanluis.gov.ar/sl/Paginas/NoticiaDetalle.asp?TemaId=11&InfoPrensaId=1731.

[55] http://escuelaslibres.mcye.misiones.gov.ar/actualidad/18-nacional/673-san-luis-un-modelo-de-agenda-digital-que-crece.html

[56] Siguiendo a Martín Zucchelli, consideramos la noción de planificación proyectiva en tanto acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas adecuadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos.

[57] De acuerdo con estos autores, formar parte implica pertenecer, ser integrante; tener parte apunta a poder brindar la propia opinión en el desempeño de las acciones y; tomar parte refiere a poder influir a partir de la acción. ROBIROSA, Mario, CARDARELLI, Graciela y LAPALMA, Antonio. Turbulencia y Planificación Social.  Capítulo 1. UNICEF. Siglo XXI.

[58] http://www.bloggers.com.ar/system/noticia_detalle.php?id_prod=2887&id_cat=62

[59] KAUFMAN, Ester. “Redes asociativas, TIC y formación de funcionarios” en FINQUELEVICH, Susana. Desarrollo local en la sociedad de la información. Municipios e Internet. Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2005. Pág. 22.

[60] Es menester recordar que cada provincia tiene su propia Constitución Provincial, por tanto la Carta Magna podría llegar a entenderse, pues, como un poder general delegado por cada una de las provincias.

 

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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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