El acceso a la información pública, un derecho de todos

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Octubre 2014.

 

Miércoles 15 de Octubre de 2014.- En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora de 5 miembros- se pronunció a favor del acceso a la información pública, dándole un nuevo respaldo al ejercicio de este derecho, al confirmar dos fallos de Cámara que condenan al Estado Nacional a proveer informes en el marco de las causas contra la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

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El acceso a la información pública, ¿otra vez en pausa?

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Agosto 2014.

 

Miércoles 27 de Agosto de 2014.- Pocos meses atrás celebrábamos que el acceso a la información pública volvía a estar en la agenda legislativa de este período parlamentario. Sin embargo, luego de la convocatoria para debatir la cuestión -lo cual tuvo lugar a finales de abril en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación-, nada más se supo sobre el tema. Éste cayó nuevamente en el olvido y la atención se concentró en otras cuestiones.

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Acceso a la información en la Argentina: ¿La tercera es la vencida?

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Mayo 2014.

 

Miércoles 6 de Mayo de 2014.- Casi inmediatamente después de que la Corte Suprema ordenara al Estado nacional que brindase información referida a los planes que administra el Min. de Desarrollo Social, la Diputada Conti presentó un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y convocó a debatirlo -junto a otros 13 proyectos con estado parlamentario- el pasado 30 de abril en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pareciera ser que el acceso a la información se encuentra nuevamente en la agenda pública.

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El derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico argentino en el marco de la Sociedad del Conocimiento

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Junio 2014.

 

El presente artículo tiene por objetivo analizar la importancia las condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Argentina, en el marco de la Sociedad del Conocimiento, un nuevo tipo de sociedad -basado fundamentalmente en el intercambio de intangibles- surgido de un importante proceso de transformaciones tecnológicas que, desde la década pasada, han ido marcando, progresivamente, el ingreso a una nueva Era de carácter digital.

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La omnipotencia del Estado. Análisis de los Proyectos de Ley PEN 298, 299 y 300

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Septiembre 2014.

 

El presente análisis versa sobre el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo remitió recientemente al Honorable Senado de la Nación:  “Sistema de Resolución de Conflictos en relaciones de Consumo” (Expte. 298-PE- 2014), “Creación del observatorio de precios y disponibilidad de insumos bienes y servicios” (Expte. 299 –PE- 2014); y “Nuevas regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo” (Expte. 300 – PE- 2014).

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El derecho de acceso a la información en el ámbito científico. La Ley 26.899 y su impacto en la democratización del conocimiento

Por Gabriela Chávez y María Clara Güida / Marzo 2013.

 

Resumen

Este artículo constituye un avance parcial de un proyecto de investigación actualmente en curso que tiene como objetivo el estudio de la importancia del derecho de acceso a la información y a la cultura, en general, y en el ámbito científico-académico, en particular.

En este trabajo nos proponemos abordar el análisis de las iniciativas de modelos de acceso a abierto a las investigaciones científicas, teniendo en cuenta el anclaje jurídico-normativo en el cual las mismas se insertan. Particularmente, focalizaremos en el estudio de la recientemente sancionada Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto.

Bajo la consigna de que los repositorios digitales garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de la información, la anteriormente mencionada normativa establece la obligación de los organismos o instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propio o compartido.

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Radiodifusión y telecomunicaciones en América Latina: desafíos normativos frente a escenarios convergentes

Por E. Federico Corbière y María Clara Güida / Agosto 2012.

 

Resumen

El escenario convergente que ofrecen las TIC produce un juego de tensiones en donde se evidencia una nueva dinámica de funcionamiento del sector infocomunicacional, en el cual interactúan nuevas lógicas de competencia empresaria, la consolidación de prácticas de consumo asociadas al entorno digital y la necesidad de una adecuación normativa sobre aquellos ámbitos anteriormente disociados por las cualidades propias de los soportes analógicos.

En este contexto, el diseño de políticas públicas opera como espacio de clivaje y de resolución de disputas entre aquellos sectores dominantes del mercado, pero también como condición para crear un andamiaje jurídico tendiente a democratizar las comunicaciones.

En este sentido, el presente escrito se propone analizar el nuevo escenario normativo en el que se desarrollan los grupos infocomunicacionales de América Latina, que se ve fuertemente afectado por las dinámicas, tanto público como privadas, que se están dando en Argentina y México.

La implementación de la Ley Nº 26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina (LSCA) y de diversas medidas de inclusión digital propiciadas por el Estado nacional, invitan a poner en perspectiva cuáles son las debilidades, fortalezas y desafíos de dichas políticas, en un contexto donde los poderes fácticos están siendo interpelados.

A esta lógica de cambio basada en la dinámica política se contrapone una tendencia igualmente irrefrenable cuyo epítome es el caso de México, donde la voluntad de mayor participación en el mercado integral de las comunicaciones está dada por el principal actor económico nacional de México, titular de comunicaciones, que busca incorporar al sector audiovisual estas dos dinámicas de cambio: una originada en la política gubernamental y la otra, en la lógica empresarial de concentración y convergencia.

Latinoamérica ha transitado un mismo recorrido de liberalización de los mercados durante los años noventa, con una marcada tendencia hacia la baja de barreras de entrada cristalizada con la Ronda de Uruguay (1986-1994). Sin embargo, también se promovieron medidas de protección de la cultura contempladas en diversos acuerdos, pactos y tratados internacionales de derechos humanos. Esta situación presenta un doble estándar jurídico en el que coexisten instancias promotoras de mecanismos de autorregulación empresaria, con otras de signo contrario.

Frente al elevado grado de concentración del sector comunicacional y sus canales de distribución, uno de los principales desafíos y dilemas jurídicos será cómo incluir el mundo de la cultura en el ámbito de las telecomunicaciones, evitando las sanciones o presiones de organismos globales, como la Organización Mundial de Comercio (OMC), que parecen subsumir la cultura a cuestiones de primacía económica.

Esta encrucijada entre aquellos principios humanitarios sobre los cuales se formuló la LSCA y su dilema en la observancia de los lineamientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), presenta uno de los problemas centrales a profundizar. La presente investigación busca pensar si las telecomunicaciones deben ser consideradas como “servicios de interés público” y; en este sentido, su correspondencia a un cuerpo normativo único que asuma el desafío de impedir tanto la cartelización empresaria como la conformación de monopolios del saber.

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