El acceso a la información pública, ¿otra vez en pausa?

Por Diego Hernán Armesto y María Clara Güida / Agosto 2014.

 

Miércoles 27 de Agosto de 2014.- Pocos meses atrás celebrábamos que el acceso a la información pública volvía a estar en la agenda legislativa de este período parlamentario. Sin embargo, luego de la convocatoria para debatir la cuestión -lo cual tuvo lugar a finales de abril en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación-, nada más se supo sobre el tema. Éste cayó nuevamente en el olvido y la atención se concentró en otras cuestiones.

Todo parece indicar que la iniciativa sólo obedeció al “tirón de orejas” que el 26 de marzo el Poder Legislativo recibió del Judicial a raíz del fallo de la Corte Suprema en el caso “CIPPEC e/ EN MO Desarrollo Social – dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, que ordenó al Ministerio de Desarrollo Social hacer pública la información relacionada con los planes sociales que administra y pidiera al Congreso legislar de manera urgente sobre el tema.

 

Proyectos sobran. Tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja abundan los expedientes que apuntan a establecer un régimen de transparencia, gobierno abierto y acceso a la información pública. En el Senado existen al día de hoy 7 proyectos con estado parlamentario (pertenecientes a los Senadores Morales, Giustiniani, Marino, Petcoff, Filmus, Negre de Alonso y Escudero) y en Diputados hay 16 proyectos (pertenecientes a los Diputados Garrido, Conti, Petri-Cobos, Bullrich, Stolbizer, Pais, Pérez, Carrió-Argumedo, Camaño, Donda, Maldonado, Solanas, Alonso, Zabalza, Lousteau y Bianchi) a la espera de tratamiento.

 

Ahora bien, mientras en Argentina el Congreso ha puesto nuevamente en pausa el tema, esta semana Paraguay logró sancionar una ley de acceso a la información pública acorde a su manda constitucional, luego de la experiencia frustrada de 2001 -cuando el Senado de ese país aprobó, luego de realizar graves modificaciones el texto proveniente de Diputado, la Ley Nº 1728 que sería conocida como “ley mordaza” y derogada un mes después de sancionada-. La Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental fue aprobada el pasado jueves 21 de agosto por el pleno del Senado tras un amplio debate sobre el texto de la media sanción previamente acordado en Diputados. Finalmente, luego de 22 años de vigencia de su Constitución Nacional y de más de 13 años de reclamos por parte de la ciudadanía, Paraguay posee una ley de acceso a la información fundada en el propio mandato constitucional.

 

En este sentido, desde hace casi 20 años que, desde distintos sectores, en Argentina reclamamos se cumpla con lo que manda nuestra Constitución Nacional, la cual consagra el derecho de acceso a la información pública de manera implícita y explícita en varios de sus artículos, especialmente en aquellos incorporados con la Reforma de 1994.

 

Entre ellos cabe destacar el artículo 38º, que establece el derecho de los partidos políticos de difundir sus plataformas así como de exigir al Estado la información que no se hace pública a través de los boletines que difunden los actos legislativos oficiales; y el deber de informar públicamente sobre sus finanzas, en tanto constituyen instituciones fundamentales del sistema democrático. Empero, a 20 años de la Reforma Constitucional, lejos se está de lo expresado por el Convencional Constituyente Ortiz Pellegrini: “No diré nada sobre el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. Si tienen el rol que le hemos atribuido, naturalmente tienen acceso a la información pública, pueden pedir información al gobierno y, por supuesto, difundir sus ideales, pues esto es de la naturaleza, de la esencia de su función”.

 

Insistimos en que carecer de una ley que reglamente a nivel nacional el ejercicio de este derecho humano fundamental constitucionalmente garantizado indica que aún queda mucho por hacer. No es un tema menor: este derecho, sustentado en la publicidad de los actos de gobierno y en el principio de transparencia de la Administración de todo régimen republicano, constituye el mejor factor de control y legitimación del ejercicio del poder por parte de los representados.

 

Como afirmara la CSJN en el mencionado fallo, “para garantizar en forma efectiva el derecho a la información, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia del principio de razonabilidad, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho”. Terminar con la cultura del secreto y garantizar la transparencia en la gestión de la res pública es primordial para asegurar el ejercicio de una ciudadanía plena en toda sociedad democrática. Entonces, ¿qué estamos esperando para avanzar?

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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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