La telefonía móvil, estrella legislativa del año

Por María Clara Güida / Agosto 2014.

 

Miércoles 6 de Agosto de 2014.- El período parlamentario 132º (2014) comenzó haciendo un especial foco en los temas referidos a telecomunicaciones -en particular sobre la telefonía celular-, a raíz del tratamiento en ambas Cámaras del Congreso de la Nación de varios proyectos de ley que tienen por objeto declarar como servicio público a las comunicaciones móviles para tratar de dar respuesta, así, a los incesantes reclamos de los usuarios -en su mayoría referidos a las deficiencias en la prestación del servicio y a problemas de facturación-.

Ahora bien, aunque éste ha sido el tema que más se ha trabajado hasta el momento en las reuniones de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, no ha sido el único en materia de telecomunicaciones. En este sentido, vale destacar dos iniciativas vinculadas a las llamadas de emergencia, por una parte, y a la identificación de llamadas, por la otra, que en el día de hoy obtuvieron dictamen y podrán ser tratadas en breve en el recinto.

 

El primer dictamen toma en consideración los proyectos de ley de los Senadores Michetti, De Ángeli y Santilli (S-1310/14) y de la Senadora Higonet (S-2061/14), que tienen por objeto modificar la Ley 25.367 de Sistema de Emergencias Coordinadas en pos de ampliar el alcance del número de teléfono único nacional *911 para receptar denuncias a través de mensajes de texto u otro tipo de comunicación.

 

Se prevé, además, que los mecanismos establecidos para ello “deberán contar con la posibilidad de recibir información sobre la localización geográfica del denunciante”. Al respecto, cabe resaltar que tecnológicamente es posible identificar a qué antena se encuentra conectado un dispositivo celular al momento de realizar una llamada o enviar un mensaje de texto. La exactitud de dicha localización geográfica depende, en gran medida, del radio de cobertura que tenga la celda de celular de la antena a la que el dispositivo se encuentre conectado.

 

Asimismo, se extiende la obligación del Departamento de Emergencias Coordinadas -que depende del Ministerio del Interior- de llevar “un registro de llamadas y mensajes identificados electrónicamente, para la confección de estadísticas que permitan elaborar políticas de prevención de accidentes”. En cuanto a la confección de un registro de llamadas y mensajes por parte del Departamento, ello no constituiría una gran dificultad puesto que, por un lado, parte de dicha obligación ya se encuentra vigente -en cuanto a las llamadas- y, por el otro, las licenciatarias del servicio telefónico llevan registros de origen y destino de las llamadas y mensajes, razón por la cual nada impediría entregar al usuario un informe detallado con los números de origen que han establecido contacto con su línea.

 

El segundo dictamen se sustenta en los proyectos de ley del Senador Roldán (S-1392/14) y de la Senadora García Larraburu (S-1501/14), que buscan establecer un sistema de identificación de llamadas entrantes en los servicios de telefonía de cualquier tipo. El fundamento de ello es el creciente aumento de “la demanda de políticas que contribuyan a la seguridad ciudadana” que incluyan “la restricción del uso de instrumentos que faciliten el anonimato para la realización de amenazas, secuestros virtuales u otro tipo de acciones delictivas mediante el uso de la telefonía”.

 

En otras palabras, se pretende que llamadas puedan ser identificadas de forma directa en los dispositivos receptores de las mismas o, de manera indirecta, mediante consulta al prestador del servicio (sobre quien recae tanto la obligación como los costos de establecer el sistema tecnológico que permita identificar las llamadas). Ésto quiere decir que, de convertise en ley, las empresas deberán dejar de ofrecer el servicio por el cual un usuario puede mantener oculto el número de teléfono desde el cual realiza una llamada.

 

Fuera de estos avances parciales, la expectativa en materia de telecomunicaciones continúa estando centrada en la regulación de la telefonía móvil como servicio público, algo considerado por amplios sectores de la sociedad como una necesidad impostergable e improrrogable por parte del Estado en defensa de los usuarios y consumidores de un servicio que ha dejado de estar dentro de la categoría de “suntuario” para pasar a convertirse en uno cuyo acceso es fundamental.

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Acerca de mariaclaraguida

Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación. Ver todas las entradas de mariaclaraguida

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